La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, recuperará previsiblemente esta semana las 480 actas que contienen los acuerdos y deliberaciones del Consejo de Gobierno de los últimos 10 años. El Tribunal Supremo acaba de resolver en su favor el conflicto de jurisprudencia que le enfrentaba a la Junta, que se negó a entregarle los papeles por considerar que contenían material "secreto".
El fallo del Alto Tribunal reconoce que las actas, aunque son "públicas", pueden contener "valoraciones, opiniones y apreciaciones" de los miembros del Gobierno que tengan carácter "reservado", en cuyo caso la Junta podría retirarlas o tacharlas antes de enviárselas a la jueza. El Ejecutivo andaluz ya respondió que mandaría a Alaya las 480 actas "sin tocar una coma", y ahora el presidente José Antonio Griñán ha reiterado su confianza en que la jueza "no dará publicidad a lo que esté bajo reserva" en las actas, y apuntó: "Espero no verlo luego en los periódicos".
La larga instrucción del caso del fraude en las ayudas al empleo (con un fondo público de 647 millones de euros) ha tenido episodios críticos en los que la jueza y la Junta han chocado más de una vez. Los miembros del Gobierno andaluz han evitado, en lo posible pronunciarse sobre la instrucción del caso ERE, aunque desde el PSOE-A sí han sonado críticas, por ejemplo, por la aparición en prensa de información relevante del caso o las fotos de las actas que se hicieron en el juzgado de Alaya. En una entrevista publicada ayer por el diario Sur, Griñán confirmó que en las actas del Consejo de Gobierno "hay opiniones de consejeros bajo el secreto de los consejos de Gobierno" "Pero le voy a enviar todo a la jueza. No voy a hacer tacha, aunque lo permite la sentencia. Como confío en la Justicia y tengo seguridad de que la jueza no va a dar publicidad a lo que está bajo reserva. ¡Hombre, lo que no quiero es verlo luego en los periódicos!", añadió.
Los ciclos no se cierran. El presidente andaluz admite que el caso ERE puede perjudicarle en las elecciones andaluzas, aunque también compara el asunto con lo ocurrido en Valencia y Madrid, donde hay cargos imputados de gobiernos del PP que, sin embargo, han ganado las últimas elecciones. Griñán rechaza la idea de hallarse ante un fin de ciclo político tras 30 años de Gobierno socialista en Andalucía. "Los ciclos no siempre se cierran", dijo.
Justo ayer, el PP-A volvió a denunciar recortes en partidas concretas del Presupuesto andaluz de educación. "La Junta", dijo la vicesecretaria de Política Electoral del PP-A, Patricia Navarro, "está desmantelando el sistema educativo público en el mundo rural", poniendo como ejemplo la eliminación de algunos centros en zonas rurales o partidas para ayuntamientos contra el absentismo escolar.
Griñán ya ha dicho que el Presupuesto de 2012 será más restrictivo y habrá recortes en todas las carteras, aunque también ha añadido que "Paco de la Chica (consejero de Educación) va a tener más suerte que otros, porque la prioridad del presidente es la educación".
