El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, defiende que su solicitud de reincorporación al cuerpo de funcionarios de la Administración andaluza "no es una chulería", sino "una necesidad perentoria" a cuenta de las dificultades económicas que sufre su familia. Guerrero, clave de las diligencias que investiga el Juzgado de Instrucción número seis dado el cargo que ostentaba, alega que la conclusión de la excedencia de la que gozaba creaba un escenario en el que corría el riesgo de perder su condición de funcionario.
En declaraciones a Europa Press, Francisco Javier Guerrero ha explicado que el pasado 1 de noviembre expiraba "la excedencia" que, como funcionario de la Junta de Andalucía adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había solicitado hace años, por lo que previamente resolvió "ejercer el derecho de reincorporación" que le asiste como miembro del cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica. "Si no pido mi reincorporación, perdería mi condición de funcionario", se ha encogido de hombros el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, propulsado además al centro del debate político al haber definido como "fondo de reptiles" la partida presupuestaria 31L, destinada a respaldar económicamente la reestructuración de empresas andaluzas en crisis.
"NO ES UNA CHULERIA", "SINO UNA NECESIDAD"
"Esto no es una chulería, es una necesidad", ha enfatizado Francisco Javier Guerrero alegando que su familia, como cualquier otra, necesita ingresos para subsistir y "comer todos los días". "Esto hace falta en mi casa. Mi mujer se ha puesto a trabajar", ha insistido Guerrero, quien asegura que para su familia es "perentorio" conseguir una fuente de ingresos para salir adelante como el resto de familias. De tal manera, Francisco Javier Guerrero ha resumido que si ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha reclamado su "reincorporación" al funcionariado, ha sido "porque no quiero perder mi condición de funcionario" y porque para su familia constituye "una necesidad" conseguir ingresos para subsistir.
"Yo decido ejercer mi derecho al reingreso en el funcionariado porque no quiero perder mi condición de funcionario y porque me hace falta", ha reiterado finalmente el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
LA TRAMA DE LOS ERE
La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.
EL PAPEL DE GUERRERO
A tal efecto, el papel de Francisco Javier Guerrero en los hechos en cuestión es verdaderamente clave al haber liderado aquellos años la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Muchos de los beneficiarios de las falsas prejubilaciones, financiadas con cargo a expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas en las que los aludidos nunca habían trabajo, le señalan de hecho en sus comparecencias ante la Policía Judicial y la juez Alaya.
