Los alcaldes y concejales de municipios mayores de 50.000 habitantes (150 en España, 21 en Andalucía) son el objetivo de Hacienda. Para erradicar la lacra de la corrupción, advierten, es necesario estrechar el cerco sobre los ayuntamientos y elaborar exhaustivos planes de inspección.
Cuando cualquier ciudadano oye las cifras astronómicas destapadas en el caso Malaya (el cerebro de la trama corrupta marbellí, Juan Antonio Roca, logró atesorar una de las primeras fortunas de Andalucía -2.400 millones de euros- según el juez) la pregunta es inmediata: ¿Nadie se dio cuenta? Hacienda lo reconoce.
Los representantes de los municipios mayores y aquellos otros que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas deberían estar más bajo la lupa. Los inspectores advierten de que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso a sus familias, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación para descubrir testaferros o sociedades pantalla.
Es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España, que su presidente, José María Peláez, presentó ayer en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización.
La investigación a alcaldes y concejales se realizaría al finalizar cada mandato de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.
"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el informe.
Apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas. La Agencia Tributaria, aseguran, debería tener la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones. Los inspectores proponen el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra propuesta.
