El exsindicalista Juan Lanzas, en los juzgados de Sevilla.
La Agencia Tributaria investigó a Estudios Jurídicos Villasís y a varias empresas del Entramado Atrado, presuntas sociedades pantalla usadas por el conseguidor Juan Lanzas para blanquear el dinero de las sobrecomesiones recibidas por su mediación en los ERE subvencionados, y halló en relación a estas últimas indicios de delito contra la Hacienda Pública relacionado con el impago del IVA. Tras ser informada por el inspector regional de las pesquisas realizadas, algunas de ellas ya en los juzgados, la jueza Mercedes Alaya que instruye el caso ERE instó en un auto del 13 de mayo a la Agencia Tributaria a dejar de investigar a Villasís y remitirle la información recabada. En el caso de las empresas del Entramado Atrado se ha dirigido a los juzgados que abrieron diligencias al respecto para alertar de un posible solapamiento que dé lugar a sentencias contradictorias.
Según consta en el sumario del caso, el inspector regional de Hacienda remitió un escrito a Alaya el 1 de marzo en el que le informaba de que desde la Agencia Tributaria se estaban instruyendo actuaciones de comprobación e investigación sobre la situación y cumplimiento de sus obligaciones tributarias de la entidad Estudios Jurídicos Villasís y preguntaba a la jueza si debían dejar sus pesquisas dada la alta probabilidad de concurrencia con los hechos investigados por Alaya. Se trata de un bufete para el que trabajó Lanzas uno de los principales imputados y actualmente en prisión y cuyos abogados Carlos y José Luis Leal Bonmati y Alfredo Jiménez Suñé están también imputados por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Los dos últimos fueron detenidos en marzo en el marco de la operación Heracles, durante la cual se registraron sus despachos del bufete, aunque la Guardia Civil los dejó en libertad sin pasar a disposición judicial. Carlos Leal ya estaba imputado y fue citado a declarar pero su comparecencia se pospuso y sigue pendiente.
En otro escrito del 10 de mayo, el inspector informa a la jueza de que la Agencia Tributaria también investigó a las empresas Servicios Inmediatos de Andalucía y Atrado Mensajería, hallando indicios de delito contra la Hacienda Pública por impagos del IVA correspondiente a 2002 y 2003 (la primera) y 2004 (la segunda). En estos casos Hacienda ya había trasladado los resultados de su inspección a los juzgados. En concreto, los hechos relativos a Servicios Inmediatos de Andalucía están siendo objeto de investigación en el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla y los de Atrado Mensajería en el número 13. El inspector insta a Alaya a analizar la oportunidad de seguir adelante con ambos procedimientos pues en caso de enjuiciamiento y sentencia, la misma pudiera ser contradictoria con los resultados de la investigación del caso ERE.
En un auto del 13 de mayo, la jueza responde a las peticiones del inspector y coincide en que ambas investigaciones guardan íntima relación y se pueden solapar y entorpecer, sobre todo porque en aquel momento las de la Guardia Civil eran secretas. Alaya señala que precisamente la Guardia Civil viene concretando el papel en la trama de mediadoras y despachos como Villasís justo a través del estudio de la abundante información financiera que se viene recabando y las actuaciones inspectoras de Hacienda podrían producir interferencias y poner en riesgo las diligencias. Por ello ordena suspenderlas y pide a la Agencia Tributaria la información recabada por mínima que sea.
Respecto a las actuaciones judiciales sobre las otras dos empresas, que Alaya enmarca en lo que se ha dado por llamar Entramado Atrado y cuya concreta actuación y las nuevas y presuntas responsabilidades derivadas dentro de a trama investigada deberán determinarse, también coincide con el inspector en que pudieran producirse sentencias contradictorias. La jueza indica que del proceso seguido sobre Servicios Inmediatos de Andalucía ya se ha unido el testimonio en sus actuaciones pero el de Atrado Mensajería ya está en un juzgado Penal a la espera de juicio oral y hasta la fecha no se ha recibido el testimonio interesado, que habrá que reiterar. Por ello ordena dar traslado a ambos juzgados para que acuerden lo que estimen pertinente.
