El Gobierno no quiere que otro fallo en el GPS de un maltratador le cueste a una mujer la vida tal y como ocurrió la pasada semana en Pontevedra. El Ministerio de Igualdad estudia un nuevo sistema que alerte no sólo a los funcionarios sino también a la Policía e incluso a los familiares de la víctima.
El delegado del Gobierno para Violencia de Género, Miguel Lorente, explicó que su departamento estudia el "desarrollo tecnológico" de las distintas empresas que fabrican pulseras telemáticas de localización en busca de un sistema multialarma capaz de trasladar una emergencia de forma simultánea a los distintos dispositivos que se determinen, entre los que podría estar la Policía o incluso los familiares de la víctima.
Esta idea obedece así al acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de noviembre, que decidió ejecutar en 2009 un presupuesto de cinco millones de euros para contratar brazaletes de localización que mantengan a los acusados por delitos de violencia de género alejados de sus presuntas víctimas durante el proceso judicial.
Según el informe aprobado, además de la protección de la mujer, el objetivo es que ella tenga pruebas físicas si hay quebrantamientos de la orden de alejamiento. Según dijo, estos dispositivos, que podrían estar funcionando en abril o marzo de 2009, no tienen relación con el empleado en el caso de Pontevedra, un sistema GPS que utiliza Instituciones Penitenciarias para tener localizados a los reclusos que obtienen el tercer grado y mantenerles alejados de determinadas áreas físicas.
Por contra, los brazaletes de Igualdad, serán decretados por un juez "siempre con un razonamiento motivado y proporcional a la circunstancia que se intenta abordar", según explicó Lorente, quien incidió en que "son medidas que no las pone la Administración" sino el sistema judicial. "Lo que se va a poner en marcha es un sistema completamente diferente, porque es para personas que no están condenadas a prisión", explicó Lorente.
Declara el funcionario. Por otra parte, el departamento de Inspección Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya ha recabado el testimonio del funcionario que el pasado sábado se ocupaba de controlar la pulsera electrónica del recluso Máximo Couto quien asesinó a su novia y causó heridas graves a otras personas, según informaron el jueves fuentes penitenciarias.
De la misma manera, Instituciones Penitenciarias se ratifica en su versión del miércoles asegurando que el sistema no falló, de manera que a las 16.36 quedó recogido en el ordenador que el recluso estaba desaparecido. La versión de Instituciones Penitenciarias no coincide con la del sindicato de prisiones ACAIP, que ayer aseguró que el funcionario recibió el salto de alarma media hora después de que Cuoto se quitase la pulsera.
