El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla tiene previsto tomar declaración el 24 de junio a Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y ex delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, como imputado en las diligencias incoadas en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla', perteneciente al Consistorio hispalense.
La decisión del Juzgado de Instrucción número 15, según han informado a Europa Press fuentes del caso, fue adoptada prácticamente después de que el pasado 16 de abril la Fiscalía solicitase la imputación de Vázquez a cuenta de los detalles de la comparecencia de Miguel López Adán (IU-CA), ex director general de la 'Fundación DeSevilla' y ya imputado en la causa.
Y es que Miguel López Adán, al comparecer como imputado, reconocía las "irregularidades en la contabilidad" señaladas por la consultora 'Deloitte', pero negaba que las ayudas municipales con las que trabajaba la fundación fuesen destinadas "a fines distintos a los subvencionados". En ese sentido, encuadraba las "incidencias" en la práctica generalizada del Ayuntamiento de "no entregar nunca las subvenciones en su fecha". El retraso en el ingreso de las ayudas municipales, según su tesis, "fue la causa de todas las irregularidades". Sobre Carlos Vázquez, de cualquier modo, señalaba que era quien "impulsaba realmente las funciones del patronato y estaba al corriente de todo".
Carlos Vázquez, de su lado, señalaba a Europa Press en aquellas fechas que no hay "delitos o responsabilidades penales" en la gestión de la fundación y corroboraba a López Adán en la idea de que todas las incidencias contables registradas en dicha fundación derivaban del retraso generalizado en el ingreso de las subvenciones autorizadas por el Ayuntamiento de Sevilla.
La 'Fundación DeSevilla', de cualquier modo, cerró el año 2010 con pérdidas superiores a los 1,5 millones de euros y sobre ella pesaba ya entonces un "fondo de maniobra negativo" por valor de 1.133.914,2 euros, todo ello mientras la consultora 'Deloitte', contratada para auditar las cuentas de la entidad, señalaba en un informe "distintas irregularidades en la justificación de gastos".
