El camino que separa la cola del paro de la asistencia social es cada vez más corto. Ayuntamientos, ONG y parroquias -que se reparten una ayuda dispersa- ven más borroso el límite entre una vida normal y el riesgo de exclusión. Ser inmigrante o haberse hipotecado con una nómina de la construcción aumentan ese riesgo.
En albergues y comedores sociales siguen atendiendo a los llamados pobres estructurales y que, según alerta el último informe Foessa de Cáritas, no ha descendido en los últimos diez años a pesar del nivel de desarrollo supuestamente alcanzado. Pero sin necesitar aún cama o comida, "es una opinión generalizada que está llegando más gente pidiendo todo tipo de apoyo", señala Lola García, directora de la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que aglutina a las entidades que trabajan en este ámbito y con distintos colectivos.
Son, sobre todo, inmigrantes regularizados pero sin familia que les ayude tras ser los primeros expulsados de un mercado laboral en crisis. Pero también familias medias para las que el paro no es sólo un revés sino el hundimiento de una economía doméstica sin capacidad de ahorro porque la hipoteca lo absorbía todo.
La responsable regional de Cáritas, Auxiliadora González, habla de un 40% más de solicitantes de ayuda de urgencia, principalmente para el pago de recibos, y un aumento de demanda de empleo entre nuevos perfiles. "Cada vez llegan más profesionales cualificados de la construcción o la hostelería y mujeres que antes no tenían necesidad de trabajar y que buscan empleo en el servicio doméstico, que a su vez ha sufrido un parón porque empieza a ser un lujo", explica.
Cáritas dice haber gastado en cuatro meses los recursos de un año, y González alerta de que lo peor está por venir, cuando quienes tenían contrato dejen de cobrar el subsidio del paro. El informe Foessa revela que la asistencia social pública andaluza está por debajo de la media.
La Junta tiene un programa de solidaridad para después del paro, el llamado salario social (372 euros durante seis meses). Pasado ese tiempo, no existen prestaciones económicas directas públicas salvo las ayudas de emergencia de los ayuntamientos a través de los servicios sociales comunitarios.
Con la crisis del ladrillo los ayuntamientos vienen denunciando la merma económica de sus arcas y desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias destacan que hacen un "esfuerzo importante" por destinar buena parte de su presupuesto a los servicios sociales, incluso "asumiendo competencias que no son propias". En 2009 recibirán 42,5 millones de la Junta para ello.
La local es la administración más cercana al ciudadano y sus trabajadores sociales la primera puerta a la que llaman. La demanda ha aumentado, sobre todo para el pago de hipotecas y alquileres. Por eso el Defensor del Pueblo ha pedido a la Junta un sistema de ayudas temporales para familias que pasen por situaciones puntuales de necesidad.
La radiografía actual que ofrecen las administraciones y ONG dedicadas a la acción social habla de más gente necesitada y más variopinta ante la que los recursos resultan dispersos e insuficientes. La Junta tiene entre sus deberes aprobar una ley de inclusión social que garantice el derecho a percibir una renta básica (el 75% del Salario Mínimo, lo que hoy equivaldría a 374 euros), una norma que Lola García urge a agilizar.
El anteproyecto pasó por el Consejo de Gobierno antes de las elecciones pero no llegó al Parlamento. El compromiso es tramitarla en 2009 pero no está reflejada en los presupuestos y no es probable que se apruebe en el año.
