El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Gaspar Llamazares, propuso ayer un pacto con los agentes sociales, con el "protagonismo" de los sindicatos y la "responsabilidad" de las administraciones públicas, para rebajar la precariedad laboral en la próxima legislatura al 22 ó 23%.
Llamazares anunció esta iniciativa durante su intervención en un acto electoral en Madrid en el que presentó un manifiesto firmado por unos 700 sindicalistas, de manera individual, para apoyar a Izquierda Unida.
Según el líder de IU, existen "condiciones económicas y sociales" para llevar a cabo un cambio del modelo de desarrollo para que sea más justo, más sostenible ecológicamente y conlleve mayor calidad en el empleo.
El coordinador general de IU lamentó la "lacra" de la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, y propuso este pacto para reducir cada año un 2% de la precariedad, de manera que se disminuya hasta el 22 ó 23% en la próxima legislatura.
El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno declaró que todavía es "posible volver a la economía política" e introducir "gestos y rasgos democráticos en la evolución de la economía". "Mi tarea hoy aquí es elevar la moral de los trabajadores", aseguró Llamazares, quien denunció que las medidas económicas del PP se basan en el recorte de salarios, el ajuste del gasto público y la rebaja de impuestos.
PSOE edulcorado.
Además, lamentó que el PSOE presente un "diagnóstico edulcorado que no se corresponde con al realidad" en materia económica. IU no comparte, prosiguió el coordinador general de IU, "la utilización de los nubarrones" por parte del PP para un "ajuste duro", pero tampoco "la ignorancia de la realidad que demuestra el PSOE y Zapatero".
Remarcó que fue iniciativa de IU la aprobación de una ley para limitar la subcontratación en la construcción en la pasada legislatura y que gracias a su formación y a los sindicatos se ha elevado el salario mínimo.
Otras propuestas electorales de IU, recordó su líder, son una norma para la convergencia en gasto social con la UE o una ley de bases para los servicios sociales, así como un plan contra el fraude fiscal que permitirá recaudar 6.000 millones de euros.
