Con todas las miradas puestas en la Administración de Justicia, la Junta va a analizar cómo funcionan sus recursos humanos y qué carga de trabajo tienen en cada puesto. Su objetivo es evitar la "improvisación" a la hora de dar respuestas y lograr estructuras estables. El estudio lo hará una empresa externa.
El asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés por un pederasta que debía estar cumpliendo pena abrió un importante debate social sobre la asunción de responsabilidades y tiene en pie de guerra a los profesionales de la Justicia. Jueces y secretarios judiciales denuncian falta de medios para cumplir con sus obligaciones y han llegado a defender que, con el colapso actual, para el juzgado de Rafael Tirado era materialmente imposible ejecutar la sentencia condenatoria de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña.
¿Es real la falta de medios? ¿Cuáles son los procedimientos de trabajo? ¿Cuánta carga soporta cada puesto? Ésas preguntas son las que pretende responder la Consejería de Justicia y Administración Pública con el informe que acaba de encargar y que le servirá para reestructurar la relación de puestos de trabajo de los servicios judiciales en Andalucía según sus conclusiones.
La consejera, Evangelina Naranjo, dio cuenta ayer a los periodistas en Granada de su plan tras mantener una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, en la que ha solicitado la implicación del alto tribunal andaluz en el proyecto.
El estudio -que será adjudicado a una empresa externa "para que sea realmente objetivo y no esté volcado por los intereses de ninguna organización"- pretende analizar cuáles son los procedimientos de trabajo actuales, las cargas de trabajo que soporta cada puesto y el número de efectivos necesarios para ello. Se realizará sólo en los servicios judiciales de la provincia de Málaga y sus conclusiones se extrapolarán al resto de las provincias andaluzas.
Méndez de Lugo -a quien la Junta pidió opinión sobre la provincia que pudiese ser más representativa- explicó que se ha elegido Málaga porque es "un exponente claro" de todos los problemas sobre recursos humanos que se puedan plantear y señaló que esta provincia cuenta con varios juzgados especializados y de diferente grado de trabajo. En Málaga, dijo, "las situaciones coyunturales se manifiestan con mayor intensidad", por lo que dejó claro que su elección como provincia donde se lleve a cabo el estudio "no se debe a un capricho".
Naranjo propuso además la creación de una mesa técnica consultiva para el seguimiento del proyecto que esté formada por representantes del Poder Judicial, secretarios judiciales, Fiscalía, Consejería de Justicia y sindicatos, así como de la empresa que realice el estudio. Dicha mesa, según la consejera, trabajará "exclusivamente" para poner en común el análisis de las necesidades de los servicios judiciales "sin tener en consideración otras reivindicaciones que, aún siendo legítimas, puedan contaminar el éxito del proceso".
En tres fases. El proyecto, que la Junta quiere tener terminado en el primer semestre de 2010, se realizará en tres fases, la primera de las cuales consistirá en la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de la comunidad. Posteriormente se realizará un inventario y se identificará a los trabajadores del personal adscrito a los órganos judiciales de Andalucía y, una vez contrastado el resultado del estudio, se definirán "todos los elementos que configuren la relación de puestos de trabajo de los servicios judiciales" en Málaga.
Una vez finalizado el estudio, las conclusiones se remitirán al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para su aprobación, ha indicado la consejera.
