Otros anuncios de finalizar las 35 casas sociales asaltadas durante los incidentes racistas de 2006 en El Saucejo quedaron en nada, pero Sevilla Activa envió la semana pasada el listado de adjudicatarios al Ayuntamiento y al alcalde le gustó. Ahora esperan una orden del regidor para empezar las obras.
Y el alcalde, Bernabé Oliva (PSOE), explicó ayer que, si ese permiso es necesario, Sevilla Activa lo tendrá porque todos los adjudicatarios "llevan empadronados en El Saucejo 10 años como mínimo", aunque no se extendió en más detalles de una lista que, explicó, llegó al Ayuntamiento el viernes, día 17, y que sólo ha mirado por encima.
Esta promoción de viviendas sociales, destinada en principio a familias de muy pocos recursos -en El Saucejo viven 35 familias gitanas, el 5% de la población, todas concentradas en la misma zona, la calle Majadahonda, contigua a las obras- está paralizada desde que se produjo el asalto al gueto el 6 de mayo de 2006, cuando una pelea en la romería degeneró en un intento de linchamiento de la comunidad gitana que también afectó a las casas en construcción. Siguieron días de mucha tensión entre la mayoría paya y la minoría gitana en la localidad.
La presión de los más exaltados obligó en el verano de ese mismo 2006 a anunciar la paralización de la promoción de VPO o incluso la transformación del solar en un hotel, dando carpetazo a las políticas sociales. Sin embargo, tras negociar la Diputación con el Ayuntamiento -e intervenir organismos como el Defensor del Pueblo andaluz y organizaciones gitanas- el proyecto se retomó, aunque con importantes modificaciones para descartar a cualquier solicitante que no resida en El Saucejo: muchos vecinos temieron -sin datos que lo sustentaran- en 2006 que las casas estaban destinadas a realojar a personas conflictivas del barrio marginal de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla.
Fuentes de la asociación gitana Los Remedios de El Saucejo desconocían ayer que la lista de adjudicatarios hubiera llegado al Ayuntamiento, y lamentaron que el barrio donde vive este colectivo "siga con problemas".
Mujeres de las familias gitanas acusadas por los payos de conflictivas denunciaron en abril de este año que los suyos fueron atacados de nuevo en febrero.
