El Gobierno y los agentes sociales se están planteando permitir que los empresarios puedan convertir contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, con una indemnización por despido de 33 días, hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre y cuando la duración de los mismos no exceda de los seis meses.
Según fuentes próximas a la negociación en la mesa del empleo, este límite temporal se fijaría para aquellos contratos temporales, incluyendo los vinculados a la formación, que se firmen a partir del 1 de agosto de este año. La duración máxima de seis meses no será de aplicación a los contratos formativos.
El contrato con una indemnización de 33 días podría formalizarse además para los contratados temporales antes del 1 de agosto de 2011, si bien la conversión se limita hasta el 31 de diciembre de este año.
De esta forma, el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal ultiman ampliar la fecha de formalización de los contratos temporales, que ahora se limitaba al 18 de junio de 2010, y cuya bonificación para transformarse a contratos de fomento del empleo indefinido expiró el pasado 31 de diciembre de 2010.
Las tres partes están debatiendo también establecer un "guión" para determinar cómo favorecer el empleo juvenil, dada la elevada tasa de paro de este colectivo, que supera el 40% en este segmento de edad.
Los documentos intercambiados en la mesa del empleo admiten el "riesgo de descuelgue" de una generación, por lo que persiguen que la estrategia de empleo pueda ofrecer una atención personalizada para los jóvenes.
Así pues, se plantean promover algunas "experiencias piloto" para desarrollar a medio plazo un modelo de formación dual, similar al aplicado en Alemania, en el que se combine la contratación laboral en una empresa con la formación en un centro educativo o formativo. Además, esta experiencia laboral serviría para obtener un certificado de profesionalidad.
Dentro de este paquete de medidas a implantar se incluye procurar prácticas no laborales destinadas a facilitar la transición desde el aula al puesto de trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo ganarían protagonismo para garantizar la oferta y supervisar y reconocer estas prácticas como "primera experiencia" en el mercado de trabajo.
El Gobierno considera, además, que la plantilla del Fogasa debería ser "reforzada" para atender el aumento de solicitudes derivado de la crisis. Así, dado el aumento del volumen de empleados beneficiarios de las prestaciones del Fogasa provenientes de empresas abocadas a cerrar, se plantea que su plantilla se ampliaría en una media de 84 nuevos empleados al año.
El Fogasa asume el pago de ocho días
Trabajo y los agentes sociales también manejan, a propuesta del Gobierno, que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financie ocho días de la indemnización por despido. La reforma laboral estableció un régimen transitorio por el cual el Fogasa se haría cargo de esa parte de las indemnizaciones en el caso de los despidos procedentes e improcedentes, excepto los disciplinarios en el caso de contratos indefinidos, a la espera de la configuración del modelo austríaco en junio de este año, que se ha retrasado al menos un año. La razón es que supondría un gasto para las empresas a través de las cotizaciones sociales.
