La crispación amenaza las leyes locales. Los partidos reanudan mañana los trabajos en el Parlamento con una agenda muy ajustada y reprochándose mutuamente la escasa voluntad de pactar. Las protestas de los alcaldes de PP e IU y las discrepancias de los tres textos obstaculizan el consenso.
Llegó la hora de la verdad para los alcaldes. Vuelven las reuniones del grupo de trabajo creado en el Parlamento para abordar las leyes municipales, una negociación que se ha intentado sin éxito desde hace casi veinte años. Los grupos se fueron de vacaciones después de presentar sus propuestas. De momento, sólo coinciden en la filosofía: la ley de régimen local -que definirá las competencias municipales- y de participación en los tributos de la comunidad -que mejorará la financiación- deben poner fin a la situación "de asfixia dramática" que soportan los ayuntamientos. La crispación del arranque del curso político hace difícil el acuerdo.
El calendario está muy ajustado. A final de septiembre debe estar pactado el dictamen que se enviará a la Junta para que ésta remita a la Cámara las dos normas antes de que acabe el año. La oposición teme que el Gobierno andaluz quiera retrasar de nuevo la aprobación de las leyes municipales y reclama a la Consejería de Gobernación que plantee ya en el grupo de trabajo su propuesta. Los socialistas argumentan que las tareas de la comisión tienen que ser independientes de las del Gobierno y garantizan que las leyes estarán en fecha con o sin consenso. "Si las leyes vuelven a atrasarse significaría una declaración de guerra de la Junta a los ayuntamientos", advirtió Diego Valderas, líder de Izquierda Unida.
PP e IU ven "poca voluntad" en el PSOE y por eso preparan otras iniciativas. La formación de Valderas pondrá encima de la mesa su propia ley si en 15 días no está listo el dictamen. Y los populares llevarán al próximo pleno del Parlamento una proposición para que la mitad del plan de cooperación municipal para 2010 se destine a fondos incondicionados, es decir, sin un fin predeterminado. Los socialistas se defienden: "Nuestra voluntad no puede ponerse en entredicho. Gobernamos en más de 500 ayuntamientos y somos sensibles a sus problemas", sostuvo el diputado socialista Fernando Martínez.
Hay dos factores que complican la negociación. El PSOE admite que el retraso de la financiación local -el Gobierno central la ha pospuesto a 2011- es un handicap y da motivos a la oposición para ponerse en pie de guerra. Las movilizaciones que PP e IU ya han anunciado para septiempre están calentando aún más el ambiente. Los socialistas culpan a Javier Arenas, presidente popular, de "impedir" el pacto con su estrategia de "crispación y bronca". Para el PP, las protestas deberían servir para "agilizar" la reforma municipal.
Los documentos de los tres grupos tienen muchas diferencias. La oposición exige que los ayuntamientos participen en los ingresos de la comunidad, pero el PSOE lo acota a los tributos, tal y como reza el Estatuto. "Ahí vamos a ser inflexibles", aseguró la diputada del PP y alcaldesa de Adra, Carmen Crespo. Los partidos chocan en sus reivindicaciones. IU pide que se reconozca y contabilice la deuda histórica que la Junta mantiene con los consistorios por las competencias impropias, pero Martínez cree que esta demanda "no tiene sustento legal" porque es el Estado el que financia a los ayuntamientos. Para el PP, por su parte, es imprescindible que a los municipios les llegue el 50% del dinero que Andalucía reciba por la deuda histórica. La Junta ya ha aclarado que, según el Estatuto, los 780 millones que quedan por cobrar deben ir a educación, sanidad y vivienda.
Ninguna formación ve imposible el acuerdo porque la crisis empeora aún más la situación urgente de las corporaciones locales, pero un dictamen por unanimidad, reconocen es "muy difícil".
