J. alonso / R. Velis n sevilla
La denuncia del PP obligó a la Fiscalía a 'interrumpir' su investigación sobre el caso Mercasevilla cuando trataba de aclarar 'el destino y el destinatario final de los 450.000 euros' y la implicación de la Delegación Provincial y la Consejería de Empleo en el supuesto cobro de comisiones. La fiscal sólo citó como imputados a Fernando Mellet, Daniel Ponce y la trabajadora Regla Pereira.
Desde que el 16 de febrero de 2009 el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, remitió a la Fiscalía la grabación en la que dos directivos de Mercasevilla -Fernando Mellet y Daniel Ponce- pidieron supuestamente una comisión de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza, la Fiscalía ha realizado numerosas diligencias que derivaron en una investigación sobre el 'destino último del dinero' y sobre todas las subvenciones realizadas por la Consejería de Empleo y la delegación provincial en los últimos cuatro años. Fue en este punto cuando el PP -y más adelante el PA- forzó una interrupción del proceso al presentar una denuncia ante el juzgado y obligar a la fiscal jefe, María José Segarra, a inhibirse. De hecho, sólo tres personas fueron formalmente citadas a declarar como imputadas por el caso, según un decreto emitido ayer para justificar el cese de las diligencias: Fernando Mellet, Daniel Ponce y la trabajadora de la empresa pública Regla Pereira.
Quedaba aún por determinar, cuando se interrumpió la labor de la Fiscalía el desarrollo de la investigación en torno al delegado provincial de Empleo Antonio Rivas. Éste fue citado por la Policía Judicial en calidad de imputado, aunque luego no fue convocado por la Fiscalía, que no llegó a imputar al representante del Gobierno andaluz, como subrayaron ayer fuentes de la Delegación Provincial de Empleo.
En su escrito, la Fiscalía apenas hace alusiones al papel del Ayuntamiento en el caso. Únicamente señala que el consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir, declaró como testigo y que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, remitió un escrito 'en relación a su toma de conocimiento de los hechos y a la solicitud de cese de los señores Mellet y Ponce dirigida a la Junta General de Accionistas de Mercasevilla'.
Pese a no poder completar su investigación, la Fiscalía considera que de las diligencias que pudo realizar 'se desprende presuntamente la implicación directa de los señores Ponce y Mellet en la solicitud de una comisión a cambio de la participación en la gestión de la subvención otorgada para la gestión de la escuela de hostelería'. Pero justifica que no llegase a presentar la denuncia en el Juzgado: 'La averiguación del destino y el destinatario final de los 450.000 euros eran necesarios para la formulación de una denuncia o querella en los tribunales por esta Fiscalía en orden a una precisa calificación y determinación de los hechos y de los responsables". De hecho, únicamente llega a concluir que hay indicios de que los hechos que se recogen en la grabación son constitutivos de "delitos de cohecho, fraude de funcionario público, prevaricación y otros'.
En su escrito, la Fiscalía lamenta que no se le haya dejado culminar su trabajo: 'La precipitada finalización de las presentes diligencias con motivo de la necesaria incoación de las diligencias previas tras la recepción de la denuncia por el Juzgado que resulte competente obliga a la Fiscalía a cesar inmediatamente, dejando sin efecto las citaciones cursadas para el próximo día 5 de los señores Sánchez Cuerda y De Rojas -los dos representantes del Grupo empresarial La Raza-'.
Ahora el caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 6, en el que, según Europa Press, ha recaído la denuncia presentada por el PP en la que reclama la imputación de ocho personas -entre ellas Monteseirín, Torrijos, Alfonso Mir y Domingo Enrique Castaño, cuya implicación no es apuntada en el escrito de la Fiscalía- por la comisión de hasta ocho delitos. El PP se basa únicamente en las informaciones difundidas en los medios de comunicación.
