El alcalde de El Garrobo, Bernardo Alcón. La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al alcalde socialista de El Garrobo, Bernardo Alcón (IU), y la concejal delegada de Urbanismo, María del Mar Jiménez, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias después de que el Partido Popular local pusiera en su conocimiento que se había llevado a cabo el cerramiento de una finca privada de un familiar a costa del erario público.
El portavoz del PP de El Garrobo, Sergio Pérez, explicó ayer en una nota de prensa que el Ayuntamiento llevó a cabo en 2010 la construcción de un muro frontal y otro lateral de la finca privada propiedad del marido de la prima de la delegada de Urbanismo utilizando los fondos públicos del Consistorio, empleando su mano de obra y sufragando los materiales de construcción.
Ante el conocimiento de estos hechos, desde el PP le pedimos explicaciones al alcalde en su momento y lo único que obtuvimos por respuesta fue que una parte de la finca en cuestión había sido cedida al Ayuntamiento, comprobándose luego que dicha cesión es inexistente, criticó el edil popular.
Pérez señaló que por este motivo decidimos poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ante la sospecha de que tanto el alcalde como su delegada de Urbanismo pudieran haber cometido algún delito para beneficiar a un particular de los recursos públicos, como finalmente ha denunciado la Fiscalía.
Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Garrobo el uso de las instituciones públicas para la obtención de beneficios particulares daña irreparablemente los intereses ciudadanos y se aleja de lo que es la verdadera política que tiene que estar al servicio público, por eso desde el PP no podemos consentir que el historial del alcalde siga y siga alargándose con abusos de este tipo.
Nuestro pueblo no puede seguir soportando que se cargue sobre sus espaldas el derroche que hacen los dirigentes del PSOE para beneficiarse particularmente con el dinero de todos los vecinos, por eso exigimos las debidas responsabilidades políticas al alcalde y a la delegada en cuestión, poniendo fin a estas injusticias, concluyó Sergio Pérez.
Fue una compensación // El regidor, sin embargo, negó ayer con rotundidad que haya cometido delito alguno.
Explicó que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2005 se establecía que la calle donde se hizo el cerramiento que denuncia el Partido Popular tenía que tener una anchura de cinco metros, algo que no ocurría en un tramo. Ante esta situación, aseguró Alcón que un vecino de esta vía cedió dos metros de terreno de su parcela para que el ancho de la calle alcanzase los 5 metros que exigía el PGOU. Por ello, insistió el regidor que fue una contraprestación que le hizo el Ayuntamiento por el terreno que dio.
El alcalde remarcó que no hay delito en esta acción, porque fue un canje, él cedió el terreno para la calle y nosotros le hicimos el cerramiento.
Asimismo, el regidor recordó que ésta es la quinta denuncia que le ha puesto el PP de la localidad y las cuatro anteriores han sido archivadas, aseguró.
Bernardo Alcón confió en que esta nueva denuncia sea archivada, porque insistió que él no cometió ninguna ilegalidad en el cerramiento que se levantó con dinero del Consistorio, puesto que, según dijo, la obra se realizó como forma de pago por la cesión de unos terrenos al municipio.
