El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció ayer que dará una "orden inminente" a la Policía Judicial con el fin de investigar los centros de reconocimiento médico a conductores. Y es que se prevé que muchos de ellos expiden documentos a conductores a cambio de dinero, sin comprobar si están en condiciones de coger el volante.
De hecho, Vargas alertó del aumento de lo que denominó "centros clandestinos" que, según él, no cumplen la legalidad y causan "riesgos intolerables" en las carreteras. "Hay una cifra negra difícil de determinar de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con el permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción que suponemos relevante", sentenció.
Aunque Vargas no facilitó una cifra del número de centros en los que se han detectado irregularidades, el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos y Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, calcula que alrededor de un 5%, de los 2.000 que existen en España, no cumplen lo exigido legalmente.
Por ello, la Fiscalía de Seguridad Vial está decidida a impulsar la vía penal para investigar a esa "minoría" de centros que, según Bartolomé Vargas, deshonra a un sector profesional y cualificado. En este sentido, anunció una respuesta moderada y prudente, pero "decidida", al considerar que pueden estar cometiendo un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses.
Asimismo, Vargas explicó que se trata de centros que no tienen los facultativos exigidos, ni el instrumental adecuado. En ellos, no hay reconocimiento y, en los casos más extremos, se limitan a entregar un papel a cambio de dinero. Además, consideró que existe una "picaresca" en la que participa el propio ciudadano, que, sin ser consciente de los riesgos de su conducta, sabe dónde ir y escoger el "centro a la carta", que frente a los 70 u 80 euros que cuesta un reconocimiento reglamentario, les cobra unos 25.
Por otro lado, la Fiscalía también propuso la elaboración de un protocolo de actuación en los casos en los que los médicos detecten en sus pacientes limitaciones que les impidan conducir. Así, recuerda que el propio Código Deontológico del sector contempla que el médico pueda revelar el secreto "si con su silencio diera lugar a un perjuicio a su propio paciente, a otras personas o a un peligro colectivo". En el caso de las enfermedades mentales aboga por un "enfoque humanista", en la que la información y concienciación, junto al control y la colaboración de los familiares, es fundamental.
Por último, propone una reforma legislativa para renovar el baremo de indemnizaciones a las víctimas de tráfico, vigente desde 1995. Vargas busca que se eliminen rigideces, y se tengan en cuenta las distintas realidades de los afectados. La Fiscalía considera que la indemnización debe ser un "traje a medida" de las necesidades de la víctima, y debe contemplar una cobertura médica y farmacológica total, además de rentas vitalicias para los grandes lesionados o los menores, para lo que ya está dialogando con las aseguradoras.
