La Fiscalía General del Estado ha remitido una consulta en la que aconseja a los fiscales que califiquen las agresiones contra los funcionarios públicos en el ámbito de la educación y la sanidad como atentado contra la autoridad y funcionario público.
Este documento es fruto, según el Ministerio Fiscal, de la reiteración de noticias referidas a agresiones y amenazas producidas contra estos colectivos, que ha generado en la actualidad un amplio debate social sobre las medidas preventivas y represivas precisas para hacer frente a tales manifestaciones violentas.
Así, señala que deberán concurrir los requisitos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa, ejercidos contra estos funcionarios; y que serán sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente.
Sin embargo, la Fiscalía aclara que este delito no se aplicará para aquellos profesionales de la educación y de la salud que presten sus servicios como empleados de empresas o de instituciones públicas relacionadas con la Administración en régimen de concierto u otra fórmula similar.
Con esta consulta, el Ministerio Fiscal trata de proteger el orden público, por entender que estas personas "prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos de la Administración".
Un criterio común.Diversas Comunidades Autónomas vienen desarrollando iniciativas con el objeto de prevenir y atender a los profesionales afectados, mediante la elaboración de protocolos de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento jurídico y personación en las causas judiciales, e incluso a través de la adecuación de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos diseños en los centros sanitarios.
Dicho fenómeno ha trascendido al ámbito jurídico-penal, manifestándose a través de las divergentes concepciones expresadas en diversas resoluciones judiciales dictadas en procedimientos en los que se han enjuiciado dichas agresiones; y en las demandas específicas de protección planteadas por los colectivos profesionales afectados, interesando la imposición de mayores sanciones penales a dichas conductas.
