El Gobierno licitará obras de infraestructuras por importe de 17.000 millones de euros en dos años (2010 y 2011), en el marco de un plan extraordinario de inversión en el que la financiación se realizará mediante la colaboración pública-privada, y con el que se impulsará la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad y de carreteras.
Contribuir a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo pero sin que ello suponga un nuevo lastre para las sufridas cuentas públicas es el objetivo del nuevo plan que presentó ayer el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que su diseño pasa precisamente por no generar más déficit público.
¿Eso cómo se consigue? Pues el Gobierno pagará las obras a partir del año 2014, una vez que éstas estén terminadas y entren en servicio. El plan se basa, pues, en un modelo concesional, por el que Fomento abonará las infraestructuras a través de un canon anual a las concesionarias a lo largo de 25 años para las inversiones ferroviarias y de 30 años para los proyectos de carreteras. Bajo esta fórmula se evita que ese dinero compute como déficit, además de aliviar el peso sobre las arcas públicas. Y es que el impacto sobre el presupuesto del departamento que comanda José Blanco no superará el 8% de las partidas previstas para la realización de este tipo de proyectos.
El AVE. De los 17.000 millones de inversión, el 70% (11.900 millones) se destinará a impulsar las redes ferroviarias de alta velocidad AVE y de Cercanías, así como al transporte de mercancías. Mientras, el 30% restante (5.100 millones) irá a la mejora de infraestructuras viarias y al transporte colectivo por carretera.
La financiación -el gran escollo para las empresas- se realizará con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), con lo que el dinero lo adelantarán constructoras y entidades financieras. Para ello se firmarán convenios con estas asociaciones en unos días.
El 65% de los proyectos serán de nueva construcción mientras que los restantes serán trabajos de conservación y mantenimiento, y su licitación arrancará en la segunda mitad de este año.
Sin repercusión en el déficit. El plan extraordinario de infraestructuras, que equivale al 1,7% del PIB, integra, indicó Rodríguez Zapatero, "la voluntad inversora del Gobierno, la fortaleza y experiencia de las constructoras y la solvencia y competitividad del sector financiero" en la búsqueda de nuevas fórmulas para mantener inversión en un contexto que exige austeridad.
Respaldo empresarial. Zapatero presentó su plan rodeado de los directivos de las principales constructoras españolas. La respuesta dada se tradujo en un aplauso a la iniciativa, que beneficiará a empresas de diverso tamaño -no sólo a las grandes-, según el Gobierno, porque "las infraestructuras tiran de la economía", dijo el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al tiempo que varias patronales mostraron su disposición a colaborar y a hacer un esfuerzo para sacarlo adelante.
