Un voluminoso informe de la Intervención General del Estado vuelve a dar munición a la jueza Mercedes Alaya en el llamado caso de los ERE y refuerza mucha de sus tesis sobre la falta de control, la ilegalidad del fondo o la inacción de los máximos responsables políticos. El documento, de 8.245 folios, va a convertirse sin duda en clave en la investigación abierta hace ya más de dos años sobre la presunta trama corrupta tejida durante una década con fondos públicos de la Consejería de Empleo, que alcanza ya a un centenar de imputados y desvela el presunto desvío de más de 140 millones de euros. El peritaje estatal, avanzado por Diario de Sevilla, subraya que pese a las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Junta en el reparto de ayudas sociolaborales no hay constancia de que entre 2000 y 2009 los consejeros de Economía (Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) adoptasen las medidas necesarias o informaran al Consejo de Gobierno. Ése es uno de los reproches que ha manejado hasta ahora la jueza del caso ERE para señalar las responsabilidades de los altos cargos del Gobierno. El informe se conoció un día después de que la Audiencia de Sevilla anulara el auto de Alaya que señalaba a los expresidentes Manuel Chaves y Griñán, junto a otros cinco exconsejeros (José Antonio Viera, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila). En su auto, la Audiencia, que atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, reclama a la magistrada que detalle y precise los posibles delitos que imputa a estos ex altos cargos. En cualquier caso, la mayoría de los aludidos son aforados ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su condición de diputados o senadores. Alaya deberá darse prisa para desviar el caso a un tribunal superior y fundamentar mejor sus posibles imputaciones.
La Intervención del Estado fija 37 grandes conclusiones tras analizar lo ocurrido con los fondos públicos de Empleo durante una década (2000-2009). Señalan la inadecuada e improcedente utilización del mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación para la concesión de estas ayudas a empresas en crisis y prejubilados. Las ayudas salieron de la Consejería de Empleo y se otorgaron a través de empresas públicas, primero el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después la Agencia IDEA, lo que permitió eludir la fiscalización previa que correspondería al interventor de Empleo.
Cada vez que el Partido Popular ha tratado de estrechar el cerco sobre el expresidente Griñán por el caso ERE, éste ha replicado que no actuó porque no tuvo constancia de menoscabo de fondos públicos en el reparto de ayudas y que la Intervención de la Junta debería de haber activado la alerta roja emitiendo un informe de actuación. Esto no ocurrió. El exinterventor general, Manuel Gómez, que está imputado en el caso ERE, realizó hasta 15 avisos sobre posibles irregularidades en el sistema de reparto de ayudas. Todos cayeron en saco roto y a pesar de eso no elevó un informe de mayor rango que activara las alertas. Ese reproche también existe por parte de la Intervención General del Estado, que alerta que Gómez tenía la obligatoriedad legal de emitir ese informe de actuación porque la actuación del IFA (después Idea) como pagador de las ayudas pudieran ocasionar un menoscabo de fondos públicos ante subvenciones concedidas de forma irregular. También advierte la auditoría del Estado que no parece razonableque la Intervención avalara las sucesivas ampliaciones presupuestarias forzadas para cubrir un déficit recurrente en el fondo de estas ayudas.
El informe es contundente: durante una década se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la normativa del Estado y la comunidad al repartir ayudas de una forma totalmente discrecional.
