La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha acordado indagar si el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas -uno de los principales imputados en esta causa- "era conocedor" de la inclusión de "intrusos" y de las "irregularidades" halladas en los ERE de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla.
En un auto dictado el pasado 17 de enero, la juez Alaya acuerda que se investigue también la participación del imputado, "en función del cargo que desempeñaba, en la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones", extremo del que, "de forma extrañamente normalizada, se partía en los ERE objeto de las presentes actuaciones". "Existen indicios de que Rivas, con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas", asevera la juez instructora.
El pasado 16 de abril, la juez dictó un auto en el que ordenó a la Policía Judicial que investigara el patrimonio, entre otros imputados, de Antonio Rivas y de sus familiares, asegurando entonces que Rivas "ha autorizado un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores, entre los que destaca especialmente el ERE de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003, no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente".
Entonces, el abogado del exdelegado provincial de Empleo recurrió contra la decisión de la juez de investigar su patrimonio, pero la juez rechaza ahora este recurso ante la "existencia de indicios de que el inculpado ha podido cometer actuaciones ilícitas", y acuerda investigar determinadas "irregularidades" en el ERE de 2003 de Mercasevilla, donde "fueron cinco los trabajadores que se prejubilaron con 49 años cuando la edad mínima era 50 años a la fecha de 31 de diciembre de 2003".
En lo que respecta al ERE de 2007 de Mercasevilla, la instructora asevera que Rivas "autorizó" la extinción de los contratos de cuatro trabajadores "que no pertenecían" a la sociedad mixta, "sino que eran empleados de la Fundación Socio-Asistencial", a lo que añade que el imputado "era conocedor" de que la financiación del plan de prejubilaciones de ambos ERE "sería asumida en su mayo parte" por la Junta.
Tras ello, Alaya determina indagar si conocía la inclusión del exmilitante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido en una póliza derivada del ERE de 2007 "que iba a ser financiada" por la Junta, pues, "aunque el imputado se manifiesta ajeno a todo lo relativo a las pólizas de prejubilación, no parece ser así del examen de la documentación aportada, donde se contienen importantes muestras del papel activo de Rivas" a estas pólizas.
