Francisco Rodríguez, de 88 años, ha relatado, una vez más, una historia que ya ha dejado por escrito en su libro Caínes del amanecer y que sucedió cuando tenía 10 años y su madre le ponía algodones en los oídos para que no escuchara los gritos de los fusilados en un paredón tras una antigua iglesia de Carmona cerca de su casa, fusilados entre los que se encontraron cuatro miembros de su familia: su abuelo, su tío y dos primos hermanos de su madre. Cronista de su pueblo y autor de varios textos sobre la represión franquista, el relato que hizo ayer fue el mismo de siempre pero ante un público especial: la comisión judicial presidida por la magistrada argentina María Servini de Cubría que investiga la querella presentada en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo y que es actualmente la única causa judicial abierta por estos hechos, tras el intento frustrado del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Servini lleva varios días en España para recabar información para la causa, tanto documental como testimonios directos de víctimas y familiares de éstas. Ayer, tomó declaración a Francisco en Carmona y a Antonia Parra, de 78 años y nacida después de que su padre fuera asesinado, en Marchena, en cuya fosa común está, presuntamente, el cuerpo de ese padre al que no llegó a conocer. Hoy será el turno de Francisco Marín, de 94 años y que tenía 13 cuando fusilaron a su padre en el cementerio de Sevilla, al que tomará declaración a las 12.00 en el juzgado de instrucción número 9 de la capital.
Francisco solo dejó una pregunta sin contestar de la jueza: la referente a la identidad de los autores de la muerte de sus familiares. «Me pidió que le diera los nombres y apellidos de los asesinos porque le dije que los sabía, y los sé porque tengo buena memoria, pero le dije que no porque ellos ya han desaparecido y sus familiares no tienen la culpa de lo que hicieron y la mayoría son amigos míos. Yo soy creyente y católico, no tengo más remedio que perdonar. Dios los ha juzgado ya. Yo no los juzgo».
Sin embargo, que los autores de los crímenes ya no vivan no quiere decir que Francisco no espere «justicia», que para él no es otra cosa que lograr que «resplandezca la verdad, que se sepa que no fueron ajusticiados por ser delincuentes ni condenados sino asesinados». A su juicio, «la herida estará abierta mientras estén enterrados en cunetas, olivares y fosas comunes». En el caso de sus familiares, su abuelo aún permanece en una fosa común mientras que a su tío Antonio, al que él mismo vio antes de ser fusilado, «tuvo una muerte muy parecida a la de Lorca y unos familiares que tenía de Falange se llevaron el cuerpo y lo enterraron en un nicho y pasados unos años lo incineraron».
Francisco calificó la declaración ante la jueza como «muy emocionante». «Se ha tomado muchísimo interés», explicó. Y pese a que le regaló un ejemplar de su libro «ella lo quería escuchar de mi boca». La magistrada investiga los crímenes cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, tras la querella que presentaron en los tribunales de Buenos Aires inicialmente presentada por los familiares de dos víctimas del franquismo, un alcalde asesinado en 1937 y un desaparecido, presuntamente enterrado en una fosa común, y respaldada por una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria, autorizadas por la Constitución argentina a presentarse como parte implicada en cualquier demanda por violación de derechos básicos.
La portavoz de la plataforma de apoyo a la querella y vicepresidenta de la Asociación andaluza de memoria histórica y justicia, Paqui Maqueda, coordina la visita de la jueza a la comunidad, tras pasar por otras comunidades como el País Vasco y Madrid, ya que permanecerá en España hasta el 30 de mayo recabando información para una causa que hoy por hoy es la única esperanza abierta para las víctimas que defienden una investigación penal y la apertura de una Comisión de la Verdad sobre la represión franquista que entre los políticos españoles genera no encuentra consenso ni siquiera entre toda la izquierda ya que hay quienes defienden que la Ley de Amnistía zanjó el asunto.
Servini será recibida hoy por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas; el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo; y el presidente del Parlamento, Manuel Gracia.
