La Junta concluirá esta semana su investigación interna sobre el caso de los ERE irregulares financiados con fondos públicos. La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, aseguró ayer que el Gobierno andaluz está realizando "un trabajo muy intenso, que no es fácil" y que los datos de esta "auditoría" los trasladarán a los tribunales. Hasta ahora, lo que se conoce de esta investigación interna es que la Junta ha detectado 39 intrusos -falsos prejubilados- en 14 Expedientes de Regulación de Empleo irregulares. En ellos aparecen, según sus pesquisas, hasta cinco cargos socialistas que nunca trabajaron en las empresas de las que cobraban.
"Estamos mirando con lupa todos los expedientes sabiendo que la inmensa mayoría son correctos, pero dispuestos a descubrir hasta la última mota de polvo que esté en nuestras manos", sentenció Moreno. La investigación interna está analizando los ERE vivos -implica que todavía hay trabajadores percibiendo las ayudas- sufragados con el fondo, ahora bajo sospecha, de 647 millones para empresas en crisis que funcionó entre 2001 y 2009. La consejera de la Presidencia quiso dejar claro que "la Junta trabaja con gran intensidad no para tapar nada, sino para descubrir lo que haya que descubrir". "Nadie podrá decir nunca que tapamos o protegimos a ningún aprovechado, con carnet o sin carnet del PSOE o del PP", añadió.
"En materia de dudas sobre comportamientos ilícitos, nosotros descubrimos y limpiamos, y el PP tapa y encima intenta salpicar a los demás", denunció. También criticó que todavía no ha escuchado al PP y a su candidato en Sevilla, Juan Ignacio Zoido, explicar, dado que los hechos se remontan a su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía, si alguien "se saltó o no el procedimiento" en el ERE de Minas de Riotinto, que Zoido negoció.
Preguntada sobre si la Junta sigue pensando que la responsabilidad de los sucedido termina en la Dirección General del Empleo, Moreno señaló que sigue manteniendo que la "responsabilidad en cuanto a cualquier clase de ilicitud en materia de procedimientos, de destino o de cualquier irregularidad afecta al centro directivo que lo cursa, y esa es la regla general". Hasta ahora, el Gobierno andaluz ha desvinculado de las irregularidades a los anteriores consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Sin embargo, desde el PSOE federal, la portavoz del comité electoral socialista, Elena Valenciano, tachó de "barbaridad", si se confirma, que Fernández estuviera inscrito como trabajador en la bodega González Byass desde el día en que nació (15 de julio de 1956). Insistió en que "todos aquellos que sean responsables de haber cometido un fraude" "deben cesar en su actividad pública". control por ley.
Ante este panorama, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, exigió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que lleve a la Cámara un proyecto de ley para garantizar que todas las ayudas públicas destinadas a empresas en crisis, a ERE, a la formación y a la contratación estén sometidas al control parlamentario y de la Intervención de Hacienda y, además, para que estas subvenciones tengan publicidad. El dirigente popular, que tildó de "monumental el escándalo" de las prejubilaciones se comprometió a presentar en el Parlamento una propuesta de creación de una comisión de vigilancia de las contrataciones, igual que en Madrid.
Arenas volvió a arremeter contra el PSOE por vetar la investigación en la Cámara. El pleno del Parlamento volverá a debatir entre hoy y mañana la solicitud del PP de creación de una comisión de investigación, que ya ha sido rechazada por la mayoría socialista. El caso de los ERE centrará de nuevo la agenda, ya que los populares interpelarán a la Junta sobre la política general en materia de Expedientes de Regulación y también preguntarán al respecto en la sesión de control al Ejecutivo. El PSOE defenderá una iniciativa de apoyo a las ayudas sociolaborales.
