A principios del pasado diciembre, en una decisión histórica para el derecho de los hogares hipotecados, la Comisión Europea sacudía toda la industria financiera al denunciar públicamente que ocho grandes bancos habían manipulado la evolución del Euríbor para, lógicamente, barrer para su propia casa y obligando así a las familias a pagar más por sus préstamos en tiempos del boom inmobiliario. Seis de ellos fueron multados con la mayor sanción económica jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario 1.710 millones de euros y los otros dos se libraron al entonar un mea culpa y colaborar en la investigación. ¿Cuántos miles o cientos de miles de clientes quedaron perjudicados? No hay cálculos para Europa, y al menos la Junta de Andalucía, a través de su Agencia de Defensa de la Competencia, quiere saberlo para esta comunidad. No se trata de entidades que destaquen por una grandísima implantación en Andalucía: Deutsche Bank, Société Générale, JP Morgan, Barclays, Citigroup, Royal Bank of Scotland, RP Martin y UBS. Sin embargo, se desconoce el impacto real en una cuestión, la hipotecaria, con tan enorme peso en las economías familiares.
Por ello, la Agencia adscrita a la Consejería de Economía ha creado un grupo de trabajo con las organizaciones de consumidores presentes en Andalucía Al Ándalus, Facua, UCA-UCE, la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y los directores de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla. Los objetivos: analizar la repercusión «del pacto de precios realizado para manipular el Euríbor» y estudiar «las reclamaciones por daños y perjuicios» causados por esta práctica anticompetitiva contra la libertad de mercado.
María Victoria Román, gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), apunta que, de entrada, «no se está realizando un llamamiento a los clientes de tales bancos para que acudan a denunciar». Lo primero, sostiene, es arbitrar una metodología para rastrear los casos y examinar el ordenamiento legal para después construir un armazón jurídico para abrigar posibles demandas colectivas que minimicen los costes (en dinero y tiempo) de las denuncias individuales, y esto último no resulta precisamente fácil.
No hay que precipitarse, agrega. Son cinco años los que hay hasta que prescriba la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Antes del verano, comenta esta representante de la Administración regional, «me gustaría» tener «las primeras conclusiones» que puedan ser también aportadas para los cambios en las directivas (leyes) europeas de protección de los consumidores y en su transposición (el traslado o la adecuación) al ordenamiento jurídico español.
«Queremos por un lado la metodología para el análisis, por otro cuantificar los daños, un tercer apartado serían las demandas colectivas y, por último, hacer propuestas para cambiar las legislaciones», resume María Victoria Román. Y esta contribución no por venir al final es menos relevante pues hasta el propio comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha señalado que el cártel (grupo de sociedades que acuerdan precios para cosechar y repartirse los beneficios) del Euríbor descubierto, denunciado y sancionado es tan sólo la punta del iceberg de un cúmulo de prácticas bancarias irregulares.
Las autoridades autonómicas de Consumo y las asociaciones recopilarán datos, quejas y reclamaciones, mientras que los profesores universitarios analizarán los marcos normativos nacional y comunitario para así encajar las reclamaciones contra el cártel «y las vías para hacerlo de forma directa o indirecta». Siendo la andaluza una iniciativa pionera en el conjunto del Estado, se buscará la implicación de otras regiones. LAS CLAVES: Qué es. El Euríbor es el precio al que se prestan el dinero los bancos en el llamado mercado interbancario europeo y sirve referencia para el tipo de interés de la mayoría de las hipotecas.
Cómo se manipuló. La manipulación que ejecutaron los ocho grandes bancos partió de la falsificación de los datos que suministraban a Thomson Reuters, cuya media es suministrada a la Federación Bancaria Europea y, por tanto, es la que determina a cuánto está el Euríbor y por cuánto saldrán las cuotas de los préstamos. No sólo familias sino también empresas tienen referenciados sus créditos al Euríbor o al Líbor, indicador que también fue alterado.
La repercusión. Hasta el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, calificó de «vergonzosas» las prácticas de los bancos para manipular el Euríbor, endeudando aún más a los hogares. El pacto de precios abarcó el periodo 2005-2008, coincidiendo por tanto con la burbuja inmobiliaria, especialmente en España.
Cómo actuar. Las autoridades de Consumo y las organizaciones de consumidores irán recopilando los datos de quienes se consideren perjudicados por estas prácticas contra la libre competencia al pactar el Euríbor, no permitían que los bancos compitieran entre sí y se rebajara el indicador y quieran reclamar daños. Hay entidades que ya han hecho reservas en previsión de demandas.
Y en general. La Agencia Andaluza de la Competencia tiene una guía básica sobre Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia donde indica cauces para reclamar e incluso denunciar prácticas abusivas de las empresas.
