Cada kilo de pescado inmaduro incautado puede acarrear una sanción de hasta 200 euros si se interviene una caja con un peso superior a 100 kilos. Según los datos de la Delegación municipal de Consumo, sólo en los seis primeros meses del año se intervinieron 27.643 kilos sin las tallas adecuadas en Mercasevilla, donde se centran buena parte de las intervenciones del Seprona y de la Guardia Civil en la provincia. Éstas cifras explican por sí solas la virulencia de la batalla que ha estallado en los últimos días, pero que se libra desde hace más de una década en el interior del mercado público para determinar las responsabilidades de estas infracciones. Según todas las fuentes consultadas, la situación no es peor este año que en los anteriores. No hay más inmaduros, pero sí se ha producido, en los últimos dos años, un cambio de escenario que está tras la guerra entre el gerente, Jordi Maymó, y los mayoristas.
Mercasevilla es ahora, en la mayor parte de los casos, la responsable última de lo ocurrido y se le acumulan decenas de expedientes sancionadores. Según varias fuentes, en el último consejo de administración, Maymó cifró en unos 70 los expedientes existentes por un importe de alrededor de un millón de euros, todos ellos recurridos. En el último consejo de Fernando Mellet ya se abordó esta cuestión, y las sanciones pendientes ascendían a unos 600.000 euros. La cifra sigue por tanto incrementándose.
La situación llevó a la Dirección de Pesca a apercibir a Mercasevilla el pasado día 7 de septiembre en una reunión tras la cual se produjeron dos citas técnicas -el 11 y el 22 de octubre-. La Consejería quiso trasladar a la empresa su preocupación por la entrada de inmaduros que permanecían en las instalaciones. De hecho, los expedientes son por tenencia de tallas mínimas y no por venta de estos productos. Maymó culpa a los empresarios, y éstos lo atribuyen a un sistema que les responsabiliza de este tipo de infracciones y les deja indefensos.
Pese a estas diferencias, todos los agentes consultados -Seprona, Consejería de Agricultura y Pesca, Mercasevilla y los propios empresarios- coinciden en el diagnóstico del problema: los empresarios encargan el pescado y lo trasladan a Mercasevilla, pero la descarga la realizan trabajadores de la empresa pública que son además quienes la reparten entre los puestos. Cuando uno de los mayoristas ve tallas inadecuadas, ante el riesgo de sanciones, se desvincula de ellas. "Si lo denuncia al Seprona, o no vienen, o directamente le multan a él. Si se las queda, comete una infracción. La única opción que les queda es dejarlo allí. La ley provoca que nunca sea sancionada la empresa que realmente ha traído el producto", explica José María Morillo, presidente de la asociación de usuarios y vicepresidente de los mayoristas de pescado. Y ahí empieza el problema: cuando se levanta el acta, las cajas se encuentran en medio de la nave, y el único titular es Mercasevilla.
Ésta es la situación que la empresa quiere cambiar desde hace varias semanas, y de ahí las reuniones con la Dirección de Pesca. Y las asociaciones de mayoristas ya alertan de la solución que se está empezando a aplicar. El pasado 15 de octubre, un mayorista fue sancionado por tenencia de pescado inmaduro, concretamente por 22 kilos de coquinas sin el tamaño adecuado. No estaban en su puesto, sino en la zona común, pero en el propio acta se señala que el establecimiento más cercano es el suyo y por eso se le considera culpable.
Los empresarios defienden con vehemencia su lucha contra los pescados inmaduros. El presidente de los pescaderos, Antonio Vela Adama, recuerda reuniones con el Seprona, escritos al Ayuntamiento y campañas publicitarias: "Incluso -señala- llegamos a acordar con la Guardia Civil que nos dieran un teléfono para que avisásemos al detectar pescado inmaduro. Lo hemos intentado al menos una veintena de veces, y nunca nos han contestado". Paradójicamente, también la empresa ha llevado a cabo un intento de reforzar los controles: Maymó ha advertido de que avisaría a la Policía e incluso mantuvo, según los propios mayoristas de pescado, un encuentro con técnicos municipales de Consumo para pedirles más esfuerzos. Pero las competencias son de la Junta y del Seprona, y el Consistorio sólo colabora.
Al margen de esta polémica, desde la Guardia Civil destacan la buena colaboración existente en los últimos años con Mercasevilla y la sensible reducción del pescado inmaduro incautado. Aunque no hay cifras concretas, desde el Seprona subrayan que en todo el año apenas se han abierto unos 80 expedientes, y que de éstos menos de una treintena corresponden a Mercasevilla.
Pero queda otro cabo suelto. Otro punto de polémica en el interior del recinto: todos admiten que hay empresarios -no vinculados a Mercasevilla- que venden el pescado inmaduro ocultos en el recinto. Recogen el que no quieren los empresarios o simplemente lo traen ellos y lo ponen a la venta. "Hemos denunciado decenas de veces esta situación, incluso a Alfonso Mir -consejero apoderado de Mercasevilla y responsable de la Policía Local- sin que hayan hecho nada". Los empresarios muestran pruebas: varias cartas al alcalde de los últimos años alertan de la venta ilegal de immaduros en distintos puntos de la ciudad sin que haya suficiente control.
