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La Junta destina 120 millones para familias en riesgo de exclusión

Contratos para desempleados a través de los ayuntamientos, comidas garantizadas en comedores escolares y sociales y más beneficiarios de la paga del salario social, son las principales medidas.

el 30 abr 2013 / 14:06 h.

junta-decreto   El Gobierno andaluz aprobó ayer medidas excepcionales que se incluyen en un decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, con una memoria económica de 120 millones de euros adicionales en el Presupuesto. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, desgranó un conjunto de medidas que se destinan fundamentalmente a niños y mayores en riesgo de exclusión social, familias sin ingresos y parados de larga duración. La Junta calcula que con un paro al alza y miles de hogares sin ingresos hay 72.000 niños en riesgo de pobreza en Andalucía y 33.868 ancianos andaluces en situación de exclusión, que pasan duras privaciones. El decreto, que se publicará en los próximos días y que entrará en vigor de forma inmediata, en unos 45 días, contempla ayudas extraordinarias para los ayuntamientos en función del número de desempleados de cada municipio. Será voluntario. Se calculan unos 40.000 contratos para estas personas en riesgo de exclusión social. Ese dinero estará destinado a contratos de, al menos un mes, para familias con ingresos por debajo del 1,5 del Iprem (798 euros al mes). Se priorizarán a los demandantes atendiendo a las cargas familiares o el tiempo en desempleo y, en ningún caso, especificó Montero, podrán sustituir a los trabajadores municipales. La oferta de contrato que harán los ayuntamientos será de 15 días a tres meses con un coste mensual de cada trabajador de unos 1.000 euros. La Junta solicitará al Gobierno central que haga una exención en el pago de la Seguridad Social, con el objetivo de ahorrar unos 14 millones. Habrá también una partida de 20 millones de euros para evitar la destrucción de empleo entre los trabajadores afectados por los recortes en la ayuda a domicilio previstos en la ley de dependencia. Se agilizarán las ayudas para dependientes moderados que no verían su subvención hasta 2015. La Junta estima que podrá salvar así unos 2.300 empleos de unos 4.500 que se estiman que se van a destruir. La segunda pata de este decreto trata de garantizar la alimentación de niños y mayores en riesgo de exclusión, a través de un plan de solidaridad y de garantía alimentaria. Si hoy los menús bonificados llegan a 80.000 personas en los comedores escolares y más de 70 millones de euros se dedican a esta política, las ayudas se incrementarán para 40.000 niños que recibirán tres comidas al día, desayuno, almuerzo y merienda, que podrán disfrutar en el colegio o llevarse a casa. Durante el verano, se abrirán campamentos que permitan asegurar al menos una comida. Se destinará 1 millón de euros para garantizar una comida al día a unos 5.536 niños andaluces durante el periodo estival. Las ayudas a comedores para los mayores se ampliarán a 7.577 usuarios más de los que se venían atendiendo. Se duplicará el número de comidas que se daban y se abrirá una línea de catering a domicilio dotada con medio millón de euros para llegar a unos 1.000 beneficiarios mayores de 65 años y en situación límite. Por último, la Junta promete acortar a dos meses el tiempo transcurrido desde la solicitud del salario social hasta que la persona reciba la ayuda. Desde 2007 se han duplicado estas peticiones de salario social, para la que el año pasado se destinaron 70 millones de euros que benefician a entre 30.000 y 40.000 familias. Según Montero, se incorporarán 44 millones de euros adicionales de los que se venían gastando en este concepto presupuestario. La ampliación del salario social tapa una de las grandes promesas contempladas en el acuerdo de Gobierno de PSOE e IU, la puesta en marcha de una eterna promesa: la renta básica, contemplada como derecho en el Estatuto de Autonomía. La consejera de Salud y Bienestar Social se refirió al deterioro sufrido en la sociedad andaluza y justificó este decreto-ley como necesario ante la situación excepcional que atraviesa el país con más de 6 millones de parados, 1,47 millones en Andalucía, donde hay casi medio millón de hogares con todos sus miembros en paro. Montero replicó también a las críticas recibidas contra este decreto-ley y defendió que “son los países más desarrollados los que se ocupan de los pobres y de los más desfavorecidos”. “No se trata de que aquí haya más pobreza aunque nuestra situación actual es realmente preocupante. Se trata de dar una respuesta valiente y sensible ante esta realidad y no de mirar hacia otro lado”, agregó. Sobre si el Gobierno andaluz no hace ninguna autocrítica sobre los malísimos índices de paro y pobreza después de 30 años de los socialistas en el poder, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, achacó la actual situación al “estallido de una crisis económica brutal”, aunque aseguró que no son “complacientes”. Y ante los impagos a las empresas responsables de los comedores escolares, fundamentales en este plan social, la Junta admitió que les falta liquidez y se comprometió a que estos pagos sean una “prioridad”. El decreto-ley contra la exclusión social es la segunda bandera que hace ondear el Gobierno andaluz de PSOE e IU en contraposición a las medidas del Ejecutivo de la Nación. Ese discurso quedó claro en el preámbulo, casi mitin, que ofreció el portavoz de la Junta antes de presentarse oficialmente el plan. Esta es la segunda medida tras el decreto destinado a frenar los desahucios y que prevé medidas como la expropiación de viviendas cuyos propietarios vayan a ser desahuciados y las multas a pisos vacíos propiedad de bancos y promotores. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya anunció que pedirá una reunión con Mariano Rajoy para pactar una estrategia nacional contra la exclusión social. También solicitó una Conferencia de Presidentes. Los 120 millones de euros adicionales que ayer la Junta vendió como extraordinarios ya estaban contemplados en el Presupuesto de 2013, según aclaró la consejera de Salud, aunque las medidas no estaban determinadas. 60 millones irán a nuevos contratos realizados por ayuntamientos y para cuidadores y 16 complementan el plan de solidaridad alimentaria (se preveían 4 millones).

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