La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución en la cual acuerda una indemnización de 115.187,32 euros para la familia del niño de tres años que en 2006 murió asfixiado por una papelera en el colegio 'Jacarandá' de Sevilla Este, tras una reclamación administrativa interpuesta por los familiares por la responsabilidad de los docentes y, como administración, de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla.
En la resolución, que pone fin a la vía administrativa y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta recuerda que los recurrentes presentaron una reclamación para una cantidad indemnizatoria de 1.000.000 euros, desglosando dicha cuantía en 400.000 euros para cada uno de los padres del menor y en 200.000 euros para la hermana. Asimismo, se alude al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, a favor de un acuerdo estimatorio parcial de la responsabilidad patrimonial de Educación.
Según los fundamentos de derecho, los particulares "tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". De esta manera, la Junta reconoce un daño "efectivo, evaluable e individualizado", así como que el dañado no tenía el deber jurídico de soportarlo, y la "imputabilidad" de la administración.
"Sin embargo, cabe plantearse si existe un nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso", según Educación, en alusión a la necesidad de que el daño sea consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa o inmediata.
En referencia a que la valoración de un hecho como peligroso y el desplazamiento de la responsabilidad al profesor dependen de las circunstancias en que el hecho tuviese lugar, la Junta reconoce "grado de omisión de diligencia" no por el hecho de que el niño metiese la cabeza en el receptáculo, "hecho en ocasiones inevitable", sino porque "no fue visto ni constatado por ningún profesor hasta que se lo comunicaron los alumnos".
Asimismo, la administración autonómica alude al incremento de responsabilidad de la persona encargada de la vigilancia por el hecho de que los alumnos tuvieron que avisarle en varias ocasiones de lo que ocurría --en la primera ocasión, según las actas de exploración testifical de los menores, la profesora respondió 'anda ya, niño'--.
En lo referente a la cuantía, por último, la Consejería de Educación se atiene al sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por el cual a los padres les corresponde 96.101,05 euros y 17.472,92 euros a la hermana, incluyéndose en esta cifra los gastos funerarios (1.375,95 euros) y el enterramiento (237,40 euros).
Las secuelas psicológicas sufridas por la familia se encuentran integradas en la indemnización, ya que, según la Junta "las cuantías a tener en cuenta tienen carácter global".
LOS PROFESORES NO DESPLEGARON "LA DILIGENCIA NECESARIA"
En un informe de la asesoría jurídica de la Junta, al que tivo acceso Europa Press, ya se informaba sobre la existencia de un nexo o causalidad "directa y necesaria" entre el daño producido y la conducta de la administración. "El tiempo --transcurrido en el fallecimiento-- y el número de profesores y alumnos presentes en el patio en el momento de producirse los hechos resultan esenciales para apreciar una falta en el deber de vigilancia casi equiparable a la ausencia del profesor", continuaba el documento.
Y es que, según la asesoría jurídica de la administración autonómica, no queda acreditado que el personal presente desplegara "toda la diligencia necesaria para prevenir el daño", toda vez que se reconoce que transcurrieron "al menos" tres o cuatro minutos entre que el menor metió la cabeza y su muerte, mientras la familia trata de demostrar que fue más tiempo.
