El nuevo curso político comenzó ayer en Andalucía en medio de un horizonte complicado. La crisis económica, los recortes presupuestarios y el duro enfrentamiento que mantiene la Junta con Madrid prevé un otoño, cuanto menos, caliente. De momento, y para el primer día, quedaron las buenas intenciones. Ayer el Ejecutivo andaluz anunció una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que será la primera que llegue al Parlamento en el próximo calendario de sesiones, al margen de la Ley de Presupuestos de 2013. Además se dará prioridad también a la Ley contra el Fraude Fiscal y Social, ya que "es una reivindicación de los ciudadanos", según anunció la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz. Para ello, en el seno del Consejo de Gobierno reunido ayer se pidió a los consejeros que concreten un calendario legislativo que tomará forma a lo largo del mes de septiembre. Con ambas leyes, el Ejecutivo andaluz pretende "priorizar las iniciativas dirigidas a la recuperación económica de Andalucía" ante la "difícil" situación actual. Según anunció Díaz, la ley de Transparencia será debatida y analizada por la sociedad y profundizará en la práctica y trayectoria de transparencia de la Junta, "que ha situado a Andalucía como una de las autonomias más transparentes de España" según organismos internacionales.
Además, el Consejo de Gobierno aprobó poner en marcha el Pacto por Andalucía, anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a principios de agosto para que la comunidad inicie el "camino de la recuperación" sin renunciar al Estado del Bienestar. Para ello el Ejecutivo andaluz iniciará el próximo mes de septiembre contactos con los representantes de los principales partidos políticos así como con los agentes sociales y económicos para buscar un acuerdo común frente a "los ataques a la educación y a la sanidad públicas" para alcanzar tres objetivos claves: la reactivación de la economía y el empleo; la apuesta por un sistema educativo público y de calidad; y el mantenimiento de una red sanitaria pública y universal.
Por otra parte, la consejera de la Presidencia aseguró que la Junta sigue negociando con el Gobierno central sobre el límite de endeudamiento fijado a Andalucía en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y que obliga a un recorte adicional de 2.735 millones de euros . Díaz apostó por el "diálogo y el consenso" entre ambos ejecutivos y aseguró que trabajan juntos para llegar a un acuerdo . "Esperamos alcanzarlo en pocos días, y que éste sea bueno para Andalucía y, por tanto, para España", dijo.
