La Junta logra evitar que mil familias sean desahuciadas de sus casas

Ha negociado con los bancos soluciones como un alquiler social o la dación en pago

el 07 feb 2013 / 11:30 h.

La Junta ha conseguido evitar que casi mil familias pierdan sus casas. La consejería de Fomento y Vivienda puso en marcha el 8 de octubre una oficina en cada provincia para asesorar a los afectados por los desahucios e intentar frenar este drama social. En tres meses y medio han atendido a 1.250 personas. De ellas, se ha logrado que 969 no tengan que abandonar sus viviendas. Son familias que ya habían dejado de pagar las cuotas de la hipoteca y el banco les había avisado de que podrían perder su casa. Los funcionarios de la Junta, tras negociar con los bancos, acordaron distintas soluciones, como la dación en pago, un alquiler social o ampliar los años de carencia del préstamo.


Los datos del balance de estas oficinas los ofreció ayer la consejera, Elena Cortés, en comisión parlamentaria. Desde que IU llegó al Gobierno andaluz y se quedó con la cartera de Fomento y Vivienda, la lucha contra los desahucios se ha convertido en una de las mayores prioridades del Ejecutivo de coalición. Hasta septiembre de 2012, en Andalucía se habían ejecutado 10.438 desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La comunidad no tiene apenas margen de maniobra para actuar contra los desalojos. Las competencias legales residen en el Gobierno central. Aún así, y a pesar del recorte presupuestario que ha sufrido, el departamento de Elena Cortés ha intentado exprimir al máximo su capacidad frente a los desahucios. Su medida estrella son las ocho oficinas provinciales, que no cuestan un euro más a la administración porque lo que hacen es que algunos funcionarios se dediquen en exclusiva a atender a los amenazados por un desahucio.


Desde principios de octubre, la Junta se ha sentado con bancos y afectados y ha evitado casi un millas de desalojos (554 expedientes ya resueltos y otros 415 que se resolverán en breve). Además, los funcionarios han asesorado de forma preventiva a otras 163 personas que aún no son morosas pero que podrían serlo porque, por ejemplo, se han quedado en paro. Junto a ellas, otras 119 familias que ya tienen una orden judicial de desahucio firme o directamente no tienen casa han pedido ayuda a estas oficinas. Ahí el margen para negociar con la entidad financiera es nulo, pero la Junta contacta con los servicios sociales del ayuntamiento para intentar buscarles techo y los inscriben en los registros municipales de demandantes de VPO. Otra solución que la consejería tiene en mente es realojarlos en las miles viviendas vacías que hay en la comunidad. La secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, prepara un decreto para intentar poner en carga los pisos sin habitar (más de 600.000) y prevé sanciones para los promotores y grandes propietarios que no alquilen sus casas.


La consejera defendió en el Parlamento que las oficinas de intermediación son "útiles" porque, de no existir, "estas familias hubieran perdido su casa" y denunció que aún hay "cláusulas abusivas" en los contratos hipotecarios. Por eso, volvió a reclamar al Gobierno de Mariano un cambio legislativo "urgente" para poner freno a estos "desmanes". Elena Cortés criticó que el PP no vaya a apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que diversos colectivos presentarán el próximo martes en el Congreso y sentenció que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno contra los desalojos "no han servido". "Hay 45 desahucios al día en Andalucía", dijo. Pidió también poder gestionar las viviendas del llamado banco malo.

Viviendas públicas // La diputada del PP Alicia Martínez culpó a los Gobiernos socialistas en Andalucía de "no haber hecho nada". Volvió a denunciar que, en contra de lo que asegura la consejería, sí se están produciendo desahucios en las viviendas de la Empresa Pública del Suelo (EPSA) y leyó varios expedientes publicados en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). La consejera negó rotundamente esta acusación y garantizó que desde junio de 2012 no se desaloja a nadie del parque público, pese a publicarse el aviso en BOJA, que es obligatorio. Cortés también negó que haya pisos vacíos de EPSA y dejó claro que las 81.000 viviendas están habitadas, salvo casos "puntuales de rotación".

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