Tras el varapalo del Tribunal Supremo (TS) que exime a Boliden Apirsa de pagar los cerca de 90 millones que le reclamó la Junta de Andalucía en 2004 por los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar tras el vertido tóxico del 25 de abril de 1998, la Administración autonómica ha vuelto a mover ficha y el pasado día 2 de diciembre pasó a plantear ante Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo que señale la vía oportuna, si es la civil o la contencioso-administrativa, para que la Junta pueda reclamar a Boliden Apirsa el dinero que costó la reparación de la zona afectada por el vertido de las minas de Aznalcóllar. "No se puede producir la inhibición de los tribunales sin entrar en el fondo de la cuestión", según indicó la consejera de Presidencia, Mar Moreno.
En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, quiso dejar claro que la Junta "no renuncia de ninguna manera a conseguir la reparación económica" por los daños que se produjeron como consecuencia del vertido tóxico, que ha sido el mayor desastre ecológico del país. Insistió en que la Junta no va a renunciar a una cuestión a la que cree tener derecho, como es que se reparen los daños que se causaron al medio ambiente y el coste importante que produjo la reparación de la zona.
Asimismo, remarcó que con la sentencia del Tribunal Supremo, no hay ningún "varapalo" a la Junta de Andalucía ni ninguna mala gestión jurídica del asunto. Reiteró que la propia sentencia hace referencia literalmente "al proceloso camino jurisdiccional que por diversas circunstancias no imputables a la Administración recurrente se ha seguido en este caso". "El propio Tribunal Supremo dice que no es imputable a la Administración recurrente el hecho de que se hayan dictado ya varias sentencias ninguna de las cuales terminan de entrar en el fondo", según Moreno, que recordó que la Junta puso en marcha la vía civil y con posterioridad la contencioso-administrativa y que ambas se desestimaron.
Para Moreno, de alguna manera, en este "peregrinaje judicial, se está produciendo un vacío, que no estamos dispuestos a admitir". "Se está produciendo de facto una situación de denegación de acceso a la justicia que vulnera el derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales", dijo.
La consejera expresó además que ya quisiera la Junta que se hubiera resuelto este asunto.
En esta misma línea se expresó ayer el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, quien calificó de "inexplicable" la sentencia del Supremo y garantizó que el Gobierno andaluz peleará hasta el último minuto por todas las vías judiciales posibles para recuperar el dinero, porque es de todos los andaluces. Jiménez, criticó, asimismo, que la Administración judicial no sea capaz de establecer con claridad cuál es la jurisdicción pertinente para reclamar a Boliden Apirsa.
Por su parte, la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, criticó ayer "la falta de gestión" por parte del Gobierno andaluz para que Boliden Apirsa pague lo que costó recuperar la zona afectada por el vertido tóxico.
Soto indicó en rueda de prensa que su formación entiende que el Gobierno andaluz tenía que haber hecho "las cosas bien jurídicamente" y seguir una hoja de ruta en esta materia que también pasara por negociar con la propia empresa. "Queremos saber cuál ha sido la estrategia de la Junta, ya que no la conocemos", añadió. Tras apuntar que hubo en su día una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "marcó dos vías", Soto dijo que su formación quiere saber por qué se optó por una vía y no por la otra. Para ello, anunció que el grupo popular en el Parlamento preguntará en la próxima sesión plenaria "cuál ha sido la estrategia de la Junta" en este asunto.
