De ellos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se esforzará especialmente en 178 pueblos pequeños que nunca han contado con un plan general o con una delimitación del suelo. En muchos de ellos, la ausencia de un PGOU ha favorecido que allí proliferen los desmanes del ladrillo, de ahí que dotarlos de planeamiento sea clave para frenar las construcciones ilegales.
"Un plan general es la manera más efectiva de batir las ilegalidades. Supone tratar el problema de raíz", aseguran fuentes de la consejería. Estos 178 pueblos son "más sensibles" porque nunca se han visto sometidos a las "reglas del juego", añaden. La mayoría está en Almería (51), seguida de Granada (41). En Málaga, donde hay 37 localidades sin plan, la Junta trabaja intensamente con 16 municipios de la Axarquía -donde se estima que hay 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable- para que sus planes generales estén listos antes de las elecciones locales de 2011. Las mismas fuentes apuntan a que "dentro de poco habrá una primera oleada" de documentos que se aprobarán de forma definitiva.
Aunque la iniciativa urbanística corresponde a los ayuntamientos, el Gobierno andaluz puede impulsar los planeamientos. La dinámica de trabajo en los municipios que no tienen PGOU consiste en dirigirse a ellos a través de las Diputaciones o delegaciones provinciales y en darles prioridad a la hora de cobrar las subvenciones que en 2008 habilitó la Junta para agilizar este proceso. Además, para ahorrar tiempo, los técnicos de la consejería acuden directamente al consistorio para revisar el plan general y hacerle las pertinentes correcciones antes de que el pleno municipal lo apruebe de forma provisional. Así se evita que la consejería tenga que devolver el documento al ayuntamiento.
En las grandes ciudades también se están acelerando las adaptaciones a la LOUA. De las capitales, sólo Cádiz, Almería y Málaga aún no han terminado este proceso y en esta última se ha enquistado el acuerdo. Frente a las críticas iniciales de los empresarios, que auguraron que la LOUA supondría la ruina, la Junta alega que el mayor crecimiento económico se ha producido con esta ley en vigor. En lo que sí se nota la crisis es en el modelo de ciudad que diseñan los alcaldes. Ahora hacen propuestas "más acordes a la realidad".
