Los juicios sobre accidentes laborales resultan especialmente complejos para la Fiscalía. Los testigos suelen echarse atrás por presiones empresariales y la Inspección de Trabajo sólo puede determinar si se cumple o no la normativa de prevención sin profundizar en cómo se aplica. La Junta y la Fiscalía colaborarán para contar con informes periciales de expertos universitarios.
La Junta y el Ministerio Público mantienen desde 2004 un convenio de colaboración para la especialización de fiscales en siniestralidad laboral, una red que actualmente componen veinte fiscales. Este año se renovará ese convenio para dar un paso más y garantizar un asesoramiento técnico a estos profesionales en la prueba pericial, la más polémica de estos procesos. Y es que, según la coordinadora de la red de fiscales especializados en siniestralidad laboral, María de los Ángeles Ayuso, desde hace tiempo vienen reclamando la necesidad de contar en los juicios con expertos técnicos que puedan contrarrestar las declaraciones de los peritos que suelen llevar la defensa de las empresas en las que se producen los accidentes.
Ayuso explica que, en materia de seguridad laboral, hay normas administrativas y la Inspección de Trabajo constata si la empresa cumple o no esa legislación, "pero luego hay que establecer si en lo que se llama el arte de dirigir los trabajos se ha sido diligente, y ahí la interpretación es más flexible y el proceso se complica". A través del convenio con la Junta, en el que participan las Consejerías de Empleo y Justicia, ésta se compromete a proporcionar a la Fiscalía expertos de las universidades y escuelas andaluzas capaces de elaborar informes periciales y declarar en los juicios. Muchas veces se dirimen aspectos muy técnicos y ante los peritos que lleva la defensa, los informes de la Inspección de Trabajo resultan insuficientes porque no entran a valorar cómo se aplicaba la normativa y la Fiscalía tiene muchas dificultades para encontrar testigos entre los trabajadores dispuestos a aportar su testimonio en los juicios.
En 2008, se abrieron 12.181 causas por delitos relaciones con la siniestralidad laboral, aunque sólo 232 dieron lugar a que el Ministerio Público formulara una acusación y se celebrase el juicio. Muchos son archivados porque, según la Fiscalía, la persecución de estos delitos por la vía penal aún es débil. No obstante, Ayuso reconoce que cada vez se formulan más acusaciones y se celebran más juicios, especialmente por lesiones y los llamados delitos de riesgo, que imputan a los responsables de las empresas ante imprudencias o negligencias que pongan en riesgo la salud de los trabajadores.
Tanto los sindicatos como la Fiscalía, que desde 2007 mantienen un acuerdo de colaboración e intercambio de información, destacan la importancia de insistir en la persecución de este tipo de delitos. Así, en 2008 aumentaron casi un 30% las causas abiertas por ellos.
En este sentido, la Fiscalía insta a que la sociedad asuma la "tolerancia cero" ante la falta de medidas de seguridad como ocurre con las imprudencias al volante o la violencia de género. Ningún trabajador, señala , debe aceptar como normal el trabajar en situaciones de riesgo dejando su vida en manos del azar.
