La Junta de Andalucía ha recurrido el auto del pasado 27 de enero en el que la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación (ERE) irregulares, declaró su doble condición de perjudicada y responsable civil subsidiaria respecto de la acción civil ejercida en la causa por el BBVA. En este auto, Alaya rechazó la petición de Manos Limpias para que la Junta fuera "expulsada" como parte perjudicada del caso pero atendió la solicitud formulada por la representación procesal del BBVA y de la Fiscalía Anticorrupción y acordó tener también a la Junta como posible responsable civil subsidiaria ante la acción civil ejercitada por la aludida entidad "en virtud de la cesión de crédito de la subvención que por 2,4 millones le realizó la beneficiaria Maestrazgo de Sevilla". En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide a la instructora que declare que "no tiene la condición de responsable civil subsidiario" y pone de manifiesto que, "si bien en el plano teórico la jurisprudencia viene admitiendo la compatibilidad de la doble condición de acusación y responsable civil, lo cierto es que en el plano real no cabe trasladar automáticamente dicha compatibilidad, debiendo estarse a las circunstancias concurrentes". En este sentido, la Junta comparte la fundamentación jurídica del auto en cuanto a que "resulta de aplicación el artículo 121 del Código Penal, si bien dicho precepto establece un límite para determinar la responsabilidad civil subsidiaria de una Administración Pública contenido en el inciso final del primer párrafo" de dicho artículo.
