El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera. / EFE
"Un modelo revolucionario. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, presentó ayer el decreto que regula la nueva planta judicial de Andalucía. El Gobierno andaluz reforma la organización del trabajo en los juzgados andaluces con dos objetivos. Uno, que acorten los tiempos de espera de los ciudadanos para un juez resuelva su caso. Hasta dos o tres años, con suerte, para que se resuelva por ejemplo un juicio por despido de un trabajador. Hasta ocho años para un juicio por la vía de lo penal. Una eternidad, admitió el consejero y fiscal en excedencia. El segundo gran objetivo de esta nueva norma es que haya una carga más equitativa del trabajo en los juzgados. Hasta ahora había algunas oficinas saturadas y desbordadas frente a otras con un ritmo de trabajo mucho más relajado.
Con el modelo actual era inviable que un funcionario de un juzgado se ocupara del trabajo de otro. Meses atrás, De Llera lo explicaba gráficamente con un ejemplo en una entrevista en este periódico: Imagine que hay dos juzgados en una misma población y como son compartimentos estancos cada juzgado tiene sus propios funcionarios. Imagine que en uno de los juzgados un funcionario de auxilio judicial, los que llaman a los testigos para que entren a juicio, avisa a las partes, a los abogados
, se pone malo. Pues se tienen que suspender todos los juicios porque al que está en el juzgado de al lado no se le puede exigir que auxilie en el juzgado vecino. Si todos los funcionarios dependen de ambos juzgados pueden intercambiarse.
Ese modelo, del siglo XIX, según declaró ayer el Gobierno andaluz, ha tocado a su fin. Según el nuevo decreto en cada órgano judicial habrá dos o tres funcionarios de apoyo directo a cada juez y el resto de funcionarios se agruparan en unos servicios comunes que servirán a todos y no estarán adscritos a un solo órgano. Estos funcionarios además se especializarán en asuntos concretos. En el caso de la oficina fiscal se crearán distintas áreas de trabajo y se organizarán por equipos de funcionarios. Además se abrirán cauces de trabajo entre las oficinas judiciales y las fiscales. Los secretario judiciales asumirán las tareas de organización y descargarán a los jueces de ese trabajo.
El nuevo modelo se implantará de foma paulatina y De Llera no pudo concretar cuándo estará cubierta toda Andalucía. Hay más de 7.000 funcionarios de justicia y no se espera que esté acabada en esta legislatura, para la que quedan dos años. Arrancará como proyecto piloto en El Ejido (Almería), Velez-Málaga (Málaga) y la Fiscalía Provincial de Sevilla.
Es una de esas mejoras históricamente comprometidas. Se trata de reorganizar y reordenar todos los efectivos sin coste, puesto que no habrá más funcionarios otra de las demandas de los juzgados lo que depende en cualquier caso del Ministerio de Justicia. El decreto tiene memoria económica pero el consejero admitió ayer que no habrá más personal. Ahora la consejería tiene que ir poniendo en práctica esta nueva organización acoplándola a la relación de puestos de trabajo. En ese punto, admitió De Llera, pueden surgir roces con los sindicatos de justicia. El nuevo modelo supone un cambio cultural en los modelos de trabajo, avisó el consejero. Se mostró dispuesto al diálogo y ya en la redacción del decreto han existido conversaciones, con acuerdo en algunos puntos y desacuerdo en otros, admitió. Con todo, De Llera cuenta con que no tendrá una oposición frontal de los sindicatos.Ayer hubo un encierro en Almería por la ausencia de negociación.
Harán falta obras de mejora en muchas sedes y de adaptación a las nuevas tecnologías. Solo el País Vasco aplica al 90% este modelo y en Cataluña se limita al 15%. En Canarias y Valencia se ha aprobado pero aún no se ejecuta.
Los jueces no están para criticar al Gobierno No quiso contestar sobre asuntos sub iudice porque aseguró que está cansado de que se malinterpreten sus consideraciones como mensajes políticos. Visto lo visto me abstengo, replicó el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, cuando fue preguntado sobre el fiscal debía de ahorrar el paseíllo a la Infanta Cristina o sobre el caso de los ERE. Pero De Llera, que ha sido protagonista de algunos de los comentarios más polémicos del Gobierno andaluz, no se pudo resistir cuando se preguntó sobre una sentencia que recriminaba a la Junta que no esté poniendo todos sus medios para recuperar el dinero defraudado en los ERE. Entró al trapo. Los jueces no están para criticar la gestión política de los gobiernos, sino para resolver y juzgar, dijo a raíz de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que cuestiona la actitud de la Junta en la recuperación del dinero defraudado.
De Llera lamentó este tipo de comentarios por parte de los jueces, sin que sean necesarios para resolver el fondo del asunto. Se preguntó por qué tiene más libertad un juez que un miembro del Gobierno que critique la actuación de un juez. Insistió en que él ha tenido que callarse para no hablar de temas que están sin resolver, que es lo que tienen que hacer los jueces y no permitirse determinadas licencias. Los jueces no tienen razón en todo lo que dicen, sentenció.
