El ahorro en horas extra previsto para este año asciende a 3 millones de euros. La reducción de estas jornadas complementarias fue impuesta el año pasado entre las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno andaluz en junio y se cifraba en un 15% el recorte en horas extra.
Los sindicatos de funcionarios ven con buenos ojos cualquier supresión de horas extra, ya que siempre han defendido que éstas sean excepcionales, al considerar que si se convierten en estructurales, es que es necesario convocar nuevas plazas para cubrir ese trabajo. Desde CSIF, la responsable del sector de la Administración Autonómica, Alicia Martos, denuncia que hay departamentos que tradicionalmente han abusado de las horas extra, como Obras Públicas, y categorías profesionales en las que también son habituales, como los conductores de los coches oficiales de los cargos públicos.
Sin embargo, el recorte en sustituciones cuenta con más reticencias. La Junta cifra el ahorro en este concepto en 3,6 millones de euros durante 2011. Para ello, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas impuso que las propuestas de sustitución del personal se estudiaran "individualizadamente" y "aplicando criterios de restricción del gasto".
Aunque el plan prevé que estas restricciones no afecten a servicios públicos fundamentales, Alicia Martos señala que servicios sociales dependientes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social "están bajo mínimos" y en los hospitales y centros de salud, donde cada verano se reducen efectivos y camas y cierran consultas al bajar la demanda, la situación "es peor que otros años". Martos defiende que "hay que tener suficiente personal rotando que salga de las bolsas de trabajo" para sustituir bajas y vacaciones. "Las sustituciones son necesarias", subraya, y denuncia deficiencias de personal en las residencias de mayores y personas dependientes, tanto en auxiliares de clínica como en enfermeros, médicos, trabajadores sociales "o incluso en el personal de cocina".
La reducción de horas extra y de las sustituciones se une al recorte salarial de una media del 5% en la nómina de los funcionarios aprobado en junio del año pasado y las restricciones en las contrataciones temporales, así como la supresión de 180 cargos mediante la polémica reordenación del sector público, que eliminó 111 entes públicos por fusión o absorción para integrarlos en ocho nuevas agencias. También la Oferta de Empleo Público de 2010 quedó recortada a solo 750 plazas en la administración general (sacrificada para salvaguardar las plazas de maestros), y su convocatoria se ha retrasado hasta el punto de que los exámenes aún no se han celebrado (serán a partir del 8 de octubre), lo que deja en el aire la convocatoria correspondiente a 2011.
Pero el Gobierno ultima además, dentro del plan para ahorrar 54,4 millones más en gastos corrientes, una orden para que los edificios públicos abran solo dos tardes a la semana, una medida que los sindicatos exigen negociar ya que modifica las condiciones laborales de los empleados públicos, que no podrán elegir qué tardes trabajan como ahora. El ahorro en gasto corriente procede también de un recorte del 1,2% en reparaciones y conservación de edificios, del 9,5% en material de oficina y luz y del 4% al renegociar los alquileres de sedes oficiales.
