La decisión no ha cogido por sorpresa, ya que los propios funcionarios esperaban que la Junta de Andalucía acudiera al Tribunal Supremo para intentar parar la sentencia que le obliga a abonar la paga extra de Navidad retirada a los empleados públicos en 2012. El Gobierno andaluz ha presentado un recurso de casación en interés de ley, una figura que le permite recurrir pese a que la sentencia es firme, alegando un motivo superior. El juzgado que dictó la sentencia ha decidido dejar en suspenso todas las reclamaciones de empleados públicos que solicitaron la extensión de sentencia para poder cobrar la paga.
Desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla dictara una sentencia en la que obligaba a devolver la paga extra a un funcionario, las reclamaciones de sus compañeros de Justicia en Sevilla se agolpan en dicho órgano de judicial. Próximas al millar, y aún no han recibido todas, ya que los 1.800 funcionarios que se pueden acoger a ella tienen un año, que se cumple en noviembre para poder reclamarla. Por este motivo, tanto los funcionarios como el sindicato CSIF, que fue el que promovió la primera demanda, se espera ba que la Junta acabara acudiendo al Alto Tribunal.
El recurso ha recaído en la Sala Tercera de la Sección Séptima, que tendrá que decidir si admite o no a trámite el mismo. Si acaba aceptándolo la Sala tendrá que darle el correspondiente trámite al sindicato para que se persone. El recurso presentado por la Junta, según consta en una providencia del Contencioso número 10 y a la que tuvo accesso este periódico, se produce por «interés de ley». Es decir, la Junta ha alegado un interés superior como es el hecho de que suprimiera el pago de esta paga extra por motivos presupuestarios. De hecho, ley. Es decir, alegando la imposibilidad de pagarlas por un interés superior, el Gobierno andaluz ya anunció que para este año mantendrá las pagas extras recortadas a los funcionarios.
Ante esta situación, el juzgado sevillano ha decidido no resolver las peticiones que les están llegando. «Toda vez que se han incoado piezas sobre extensión de efectos de dicha sentencia y a la vista de lo dispuesto por el artículo 110.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede suspender la decisión de tales incidentes hasta que se resuelva el citado recurso, sin perjuicio de su tramitación hasta que lleguen al mencionado estado procesal de decisión», es decir, que no se van a resolver las peticiones, aunque ello no impide que éstas se vayan tramitando a la espera de saber lo que estime oportuno el Supremo.
Con este recurso, la Junta de Andalucía puede lograr paralizar el pago en caso de que el Alto Tribunal estime su recurso. Sin embargo, si la sentencia no es favorable, el resultado puede tener importantes consecuencias, pues al tratarse de la resolución de un órgano nacional, podrían solicitar la extensión de la sentencia todos los funcionarios de Justicia de España, según explicaron fuentes judiciales. Esto se debe que hasta ahora al ser un órgano sevillano el que ha dictado la sentencia, sólo podían solicitar la extensión los funcionarios de Justicia de Sevilla. Eso sí, el único que por ahora tiene asegurada la devolución de la paga, «pase lo que pase», es el funcionario que presentó la demanda en el Contencioso número 10, que en ese momento era secretario del juzgado de Paz de La Rinconada, aunque ahora está destinado al Decanato de Sevilla. De momento, ni siquiera él ha cobrado la paga.
Siguiendo su estela, la avalancha de peticiones está siendo tan importante que el Contencioso se ha visto completamente desbordado, hasta el punto de que ha tenido que solicitar un funcionario de refuerzo para poder tramitar todas las solicitudes que le están llegando desde noviembre hasta hoy.
