Las asociaciones de jueces y fiscales respondieron ayer al PP tras las acusaciones al sistema de vigilancia telefónica que establecieron los propios populares siendo Mariano Rajoy ministro de Interior: Si el PP tiene dudas de que la intervención de las comunicaciones se hizo sin autorización judicial, que denuncie, porque de lo contrario se está "deslegitimando gratuitamente" el Estado de derecho.
Así se manifestó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien recordó que el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser "restringido, limitado o afectado" con la preceptiva autorización judicial. "Un Estado de derecho no es un Estado policial", remachó. La Ley de Enjuiciamiento Criminal -en su artículo 579- sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo.
En este sentido, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, también explicó que en algunas situaciones de urgencia como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y "en 24 horas" dar aviso a la Audiencia Nacional para que "lo revoque o ratifique la autorización". De todos modos, retó a quien "tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre".
Desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo suscribió que en el marco constitucional no cabe por norma general "ningún tipo de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial" y añadió que si se comete algún abuso en este sentido es preceptivo de un delito, "lo haga quien lo haga".
Por su parte, el presidente de Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, criticó las acusaciones del PP al considerarlas de "una frivolidad que ya parece malsana". "Si un partido sospecha que se están produciendo interceptaciones de comunicaciones ilegales lo que tiene que hacer es denunciarlo".
Aseguró, sin embargo, que se está "produciendo una confusión" porque el sistema SITEL es un progreso técnico pero que "no tiene nada que ver" con la autorización judicial. "La posibilidad de que alguien utilice ilegalmente este sistema existe como antes existía la posibilidad de que alguien utilizara legalmente los sistemas más atrasados", apuntó.
Desde el CGPJ, su vicepresidente, Fernando de Rosa, dijo en Valencia que si alguien duda de la constitucionalidad del uso del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL) que lo denuncie al Tribunal Constitucional (TC).
En estas circunstancias, la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que el Gobierno de José María Aznar compró el sistema, si bien no lo puso en marcha porque "no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso". "El problema no es cómo se compró, sino cómo se está utilizando", dijo. Ante la queja de los populares, el miércoles el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaró que el SITEL fue un sistema avalado por Aznar. Ayer, El PP consideró en un argumentario que con el "sistema informático espía" Rubalcaba "obliga a la Policía a realizar acciones ilegales".
Esta vez, desde el PSOE respondió su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, quien pidió que "si alguien tiene pruebas" de escuchas ilegales, caiga "todo el peso de la ley sobre él", pero que se sea "igual de duro con los que acusan sin pruebas con intereses puramente partidistas".
