Una mujer divorciada ha denunciado que el juez la obliga a ella y su hijo de 11 años a abandonar el domicilio en el que viven en Huelva por ser propiedad del ex marido. Ella tiene un piso en Canarias, donde se quería mudar, pero la justicia la obliga a que el pequeño permanezca en Huelva.
Un Juzgado de Huelva ha dictado una sentencia en la que autoriza la ejecución de una resolución de la Audiencia Provincial que obliga a M.M.C., una mujer divorciada, y a su hijo de 11 años, a abandonar el domicilio familiar al reconocérsele su propiedad, uso y disfrute al padre, que ya dispone de otro chalet familiar en la playa.
En declaraciones a EFE, la afectada explicó encontrarse en una situación "desesperada" pues de llevarse a término la dispuesto en la sentencia y los echen de esta vivienda se encontrarán "en la calle".
Pese a que la intención de esta mujer era viajar con su hijo a Canarias, de donde es natural, una vez finalizados los trámites de divorcio, pues allí vive su familia y posee una casa donde ambos pueden residir, la sentencia de la Audiencia establece de forma expresa que "el menor debe de permanecer en Huelva donde está arraigado, debiendo dar el padre su consentimiento para poder trasladarse a otro lugar".
Este hecho la obliga a quedarse en Huelva pese a no poder dar a su hijo una vivienda en caso de ejecutarse la sentencia, pues no dispone de recursos económicos para adquirir otra, en alquiler o en propiedad.
La afectada denuncia que es contradictorio que sea el mismo Juzgado de Familia que hace un año le reconoció a su hijo el derecho a permanecer en esa vivienda, sita en el centro de Huelva capital, hasta que cumpliera los 18 años, el que ahora autorice la ejecución de la sentencia de la Audiencia.
Esta mujer, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la sentencia, ha asegurado estar viviendo una auténtica "tortura psicológica" por los continuos procesos judiciales a los que ha tenido que hacer frente desde que su marido abandonara el domicilio conyugal a finales de 2002, en los que entiende que "siempre han primado más los derechos patrimoniales e intereses del padre que los del hijo, a quien la Justicia le está quitando sus derechos, dejándolo en la más absoluta indefensión". Acusó al Estado español de permitir "que se le arrebaten a su hijo derechos que la ley le reconoce".
