La Ley de Memoria Histórica viola cuatro artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Lo ha demostrado el profesor de la Universidad de Castilla La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias. 20 foros de juristas europeos avalan su trabajo y le exigen al Gobierno que rectifique la norma.
Rodríguez es autor de El caso de los niños perdidos del franquismo, una de las obras sobre las que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, levantó en septiembre pasado su investigación sobre la represión dictatorial. Ahora, tras meses de trabajo, ha logrado demostrar que la ley de memoria, la herramienta que venía a cerrar todas las heridas de la Guerra Civil, vulnera la jurisdicción internacional "básica" de derechos humanos. Choca con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sus artículos 2, 3, 8 y 13, así como los artículos 7 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos documentos firmados por España y "plenamente vinculantes", explica el profesor.
La organización Medel de jueces y fiscales europeos, que aglutina a 20 asociaciones, entre ellas la española Jueces para la Democracia, respalda el estudio y ha pedido al Ejecutivo central que retoque la norma y cree una comisión de búsqueda de desaparecidos del franquismo. "Nuestra ley descarga las funciones estatales de búsqueda de desaparecidos en sus familiares, lo que no tiene nada que ver con los mínimos exigidos por esta normativa europea, que dice que hay que llevar a cabo una investigación oficial efectiva e independiente", afirma Rodríguez. Además, esa búsqueda debe hacerse "sin tardanza", pues de lo contrario se cae en la "reiteración del dolor" de las familias que esperan.
"Esa incertidumbre se conoce como síndrome de Srebrenica, por la ciudad bosnia donde de espera que se desentierre a 6.000 ejecutados. Sólo en Andalucía tenemos 54.000 y nadie atiende a las familias. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, tras la Camboya de Pol Pot", añade. Tampoco contempla la ley qué se hizo con los niños en el franquismo, otro punto que sí protege la legislación internacional.
