El Gobierno andaluz, a través de la dirección general de Memoria Democrática, lleva más de un año intentando concluir el catálogo de símbolos franquistas que aún perduran en el nomenclátor andaluz, en edificios públicos y en otros inmuebles sostenidos con fondos públicos, incluido iglesias. Pero la reticencia o la negativa de muchos ayuntamientos a proporcionar los datos a la Junta ralentizan el proyecto, cuyo objetivo último es la retirada definitiva de cualquier vestigio del fascismo en espacios públicos de Andalucía. Desde 2012 se han retirado más de un millar de estos símbolos, pero aún se conservan varios centenares entre elementos arquitectónicos y nombres de calles.
En los últimos días, la dirección general de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha remitido un nuevo requerimiento por carta a todos los alcaldes andaluces solicitando el listado de símbolos franquistas que existen en sus municipios, con fotografías e indicación cartográfica. Hace meses la Junta ya envió cartas puntuales a consistorios de localidades donde sabían con certeza que existen símbolos notorios del franquismo, pero esta semana se ha optado por un barrido sistemático.
En la misiva a los alcaldes, el responsable de este departamento, Luis Naranjo, apela al cumplimiento de la Constitución, al Estatuto y a la Ley de la Memoria Histórica, que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Esta norma es, por ahora, la única legislación que obliga explícitamente a las administraciones a retirar los símbolos del franquismo. Pero la ley estatal no tuvo desarrollo reglamentario y dejó un vacío legal al no establecer ningún límite cronológico para eliminar los símbolos. La futura ley andaluza de Memoria Democrática que está ultimando la Junta viene a cubrir ese vacío, fijando el límite temporal que tendrán los alcaldes para borrar los vestigios de la dictadura. Naranjo habla de un margen prudencial de pocos meses.
Al envío de solicitudes ya han contestado alcaldes, pero otros muchos siguen sin responder.
La Junta maneja un listado no oficial de símbolos franquistas que ha elaborado gracias a la colaboración de foros y asociaciones de la Memoria Histórica, pero necesita complementar y hacer oficiales estos datos con los consistorios. Desde IU aseguran que la mayoría de los alcaldes que rechazan colaborar son del PP, a muchos de los cuales aún les une un nexo blando con el tardofranquismo. Pero no todos los que faltan son populares. La mayoría de regidores socialistas están colaborando con lealtad, pero también los hay que han preferido no darse por aludidos, advierten desde la coalición de izquierdas. Cuando se les ha llamado por teléfono han explicado que apoyan el proyecto, pero que en este momento no quieren abrir una polémica innecesaria en sus consistorios, porque el PP aprovechará para acusarles de no estar centrados en acabar con la crisis y el paro.
La elaboración del catálogo de símbolos franquistas es un trabajo que la Junta quiere tener finiquitado antes de que se apruebe la ley de Memoria Democrática. Pero, en realidad, hasta que no esté en vigor esta norma, el Ejecutivo andaluz no podrá dar un ultimátum a los alcaldes para que borren las señas de la dictadura. También por esta razón la consejería que dirige el vicepresidente Diego Valderas optó por aparcar la ordenanza municipal que ya estaba redactada. Dicha ordenanza no era sino un desarrollo normativo del artículo 15.1 de la ley estatal de Memoria Histórica, que permitirá a la Junta retirarle subvenciones o ayudas públicas a los municipios que se resistan a eliminar los símbolos franquistas. El Gobierno andaluz reactivará la ordenanza y se la remitirá a los ayuntamientos una vez esté aprobada la ley autonómica, previsiblemente antes de finalizar el año.
Un banco del ADN de los fusilados y de sus familiares El Gobierno central ha vuelto a destinar cero euros al desarrollo de la Memoria Histórica, una ley que aprobó Zapatero en 2007, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado en dique seco. Andalucía, en cambio, mantiene fondos para estas políticas, aunque no muchos. En el Presupuesto en vigor se destinó un gasto de casi 600.000 euros (306.000 euros de la orden de subvenciones), y el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, espera al menos mantener esa partida en 2014. PSOE e IU están ahora negociando los Presupuestos autonómicos del año que viene, marcados por duros recortes del Gobierno central, que a su vez se traducirán en ajustes en el gasto público andaluz. En este contexto IU quiere hacer un hueco a la ley de Memoria Democrática, la cual, en teoría, debe contar con una memoria económica y tener a disposición recursos públicos de varias consejerías: Educación, Salud, Justicia, Hacienda y Medio Ambiente. Lo más costoso de la ley siguen siendo los procesos de exhumaciones (en Andalucía hay 20.000 desaparecidos). Esta norma pretende romper la cultura de los compartimentos estancos del Gobierno, para aportar más colaboración entre las consejerías en torno a proyectos comunes. Por ejemplo, que el banco de ADN que gestiona Salud tenga una sección para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, para fusilados y sus familiares, que permita confirmar relaciones de parentesco.
El borrador de la ley de Memoria Democrática estaba prácticamente terminado en diciembre del año pasado, e IU preveía llevarlo a Consejo de Gobierno en febrero de este año. Pero el gabinete jurídico de la Junta prefirió someter el texto a un juicio muy exhaustivo, en previsión de que el Gobierno central pueda recurrir la norma en los tribunales, como ha hecho con otras leyes andaluzas. También se ha consultado con expertos nacionales e internacionales del derecho a la memoria histórica. La Junta también estudia personarse en la causa sobre el franquismo abierta por la justicia argentina.
