La decisión de la Junta de convertir en vivienda protegida pisos que ya están edificados y que no se venden provocó las críticas de la oposición (PP e IU) y, sobre todo, de CCOO, sindicato firmante del Pacto por la Vivienda que, con esta medida, considera "adulterado".
En diciembre pasado, la Junta logró una gran foto con empresarios, sindicatos, una treintena de entidades financieras y la FAMP con la firma del Pacto por la Vivienda. Negoció por partes y logró salvar los escollos que había, sobre todo, entre empresarios y sindicatos: los primeros, interesados en dar salida a las muchas viviendas construidas que no logra vender y los segundos afanados en bajar el precio de las viviendas. A lo máximo que llegaron entonces fue a crear una figura intermedia -ni construcciones de renta libre ni protegidas-, viviendas a precio tasado (entre 240.00 euros y 300.000) que salvarían en parte las peticiones de los empresarios.
Pasadas las elecciones, ahora con una Consejería específica sobre vivienda, la Junta da un paso más y abre la puerta a que viviendas ya edificadas pasen a ser consideradas VPO. Es una forma de ayudar al sector inmobiliario a afrontar la actual coyuntura económica de desaceleración, uno de los objetivos que ya estaba sobre la mesa en diciembre cuando se puso en marcha el pacto.
Que la Junta haga ahora tal concesión y fuera del paraguas del pacto no ha gustado nada a uno de los firmantes del pacto, el sindicato CCOO. Para su secretario general, Francisco Carbonero, lo que está haciendo la Junta "supone adulterar de forma unilateral el Pacto Andaluz por la Vivienda". Por ello, anunció que en la reunión que previsiblemente hoy mantendrá con el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, demandará la convocatoria "urgente" e "inmediata" de una reunión de la mesa de seguimiento del citado pacto "para que clarifique esta propuesta". "No resuelve nada, ni la necesidad de vivienda, ni los problemas en el empleo, y los únicos que se benefician son los lobbies de grandes empresas de la construcción, que han tenido y quieren seguir teniendo beneficios espectaculares", sostuvo.
Carbonero se mostró "alucinado" y "enormemente sorprendido" por el hecho de que la Junta "haga propuestas al margen del compromiso que ha supuesto el Pacto por la Vivienda y su desarrollo" que, a su juicio, son medidas "más encaminadas a resolver problemas de las empresas de la construcción, que han hecho lo que han querido".
Su tono fue mucho más duro que el de UGT que considera como condición sine qua non para admitir tal operación que los empresarios acepten la bajada de los precios de esos pisos.
Desde la oposición, PP e IU también criticaron a la Junta por la medida. En el caso de los populares, la diputada Alicia Martínez consideró que la propuesta "dinamita" el Pacto por la Vivienda, al tiempo que el coordinador regional de la federación de izquierdas, Diego Valderas, sostuvo que es un plan que sólo beneficia a los constructores.
En paralelo, el consejero Espadas se reunió en Madrid con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Félix Arias, que la ofrecieron facilidades para poder cumplir con las previsiones del pacto. Allí, explicó la propuesta de reconversión de viviendas: "No es beneficiarlos", dijo sobre los empresarios del sector, sino mantener "un músculo" para el sector inmobiliario, uno de los "más perjudicados" por la "crisis". Desde el punto de vista de la sostenibilidad, añadió, "antes de ocupar más suelo, es importante saber lo que se hace con las que ya existen".
