La Consejería de Agricultura, por mandato del presidente andaluz, José Antonio Griñán, se dispone a revisar su estrategia agraria en vísperas de que, en el marco de la Unión Europea (UE), arranque el debate real para reformar la PAC (Política Agrícola Común) dentro de las negociaciones del nuevo presupuesto comunitario que vendrá a partir de 2013.
En teoría, las mesas gestadas entre el departamento de la consejera Clara Aguilera y el campo -organizaciones agrarias- han de servir sólo para calibrar la situación de la agricultura regional en el contexto de una crisis de la economía que el sector sufre por partida doble: caen la demanda y los precios en origen. En la práctica, la amplitud de temas abordados al efecto lleva implícita una reflexión sobre qué orientación dar a las políticas agroganaderas autonómicas con las miras puestas en un 2013 que, probablemente, no llegará tan cargado de ayudas comunitarias como hasta ahora (por campaña, alrededor de 1.800 millones de euros).
En suma, que más allá de planes de choque que solventen problemas puntuales, esas mesas de trabajo constituyen una reflexión sobre qué hay que hacer. Se trata, según apuntan fuentes de las asociaciones agrarias andaluzas, de un debate más rico aún que el ordenado por José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. O al menos así se espera.
No en vano, los agrarios aplauden el giro de ciento ochenta grados operado por el presidente de la Junta de Andalucía en su concepción sobre el papel de la agricultura en el cambio del modelo de economía hacia el que se pretende caminar. Lo destacó Griñán en la presentación, el pasado mes, del nuevo plan agroindustrial, el primero pactado con los agentes sociales en el seno de la concertación regional. No es casual que sea el primero, dijo.
Olvidados. A Zapatero, por su parte, le ha costado más tiempo aceptar el carácter estratégico del campo y tan sólo lo hizo cuando, en la misma capital del reino, tuvo que toparse con decenas de miles de agricultores de toda España, en una manifestación de las que hacen historia agraria. ¿Qué denunciaban? "Somos los grandes olvidados de la crisis económica".
No en vano, ni el proyecto de Ley de Economía Sostenible contemplaba mención alguna para el campo. Se olvidaba, en efecto, de que la española es la segunda potencia agraria de la Unión Europea -tras Francia-, básica para la economía rural y que emplea -al margen del sector agroindustrial- a más de 900.000 personas.
Si nos ceñimos a las mesas de trabajo citadas para Andalucía, el ámbito de análisis abarca desde el estudio de la formación de precios y mercados hasta la mejora de la competitividad, pasando por la fiscalidad, el impacto de la regulación para los fitosanitarios (o pesticidas), los canales de información, la gestación de redes de seguridad para los precios, el relevo generacional, la PAC y su reforma, el aprovechamiento de la biomasa o los llamados acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los países terceros, en especial del Norte de África, que son los que compiten con el agro andaluz por tener una climatología similar.
Por tanto, de esa relación cabe concluir que no se tratarán solamente asuntos exclusivos para la resolución del impacto de la actual crisis en el bolsillo de los agricultores, sino que se inicia junto con los protagonistas, esos agricultores, un debate para exponer qué se hace ahora y qué podemos hacer de cara al futuro cuando el sostén de las subvenciones venga a menos. Llamémosle revisión de la PAC andaluza.
Como dicen las fuentes agrarias, no vale sólo con apuntar con dedo acusador a Bruselas. "Aquí se pueden afrontar cosas".
