El fraude en el uso de subvenciones para los cursos de formación en Sevilla supera los 3,7 millones de euros. Esa es la cantidad que maneja por ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que centra su investigación inicial en unas 24 empresas de la provincia. Una causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el mismo que investiga el caso Invercaria o las irregularidades en ocho empresas públicas de la Junta, y que la mantiene bajo secreto de sumario. Según han informado fuentes del caso a este periódico, el atestado policial entregado al titular del juzgado, Juan Gutiérrez Casillas, recoge un listado con unas 24 empresas en las que se han detectado que muchas de las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), nunca fueron justificadas, lo que eleva el fraude, hasta ahora a más de 3,7 millones de euros. Esta investigación, se deriva de la llamada operación EDU, iniciada en Málaga, en la que la UDEF ha detectado irregularidades de este tipo en todas las provincias andaluzas, por lo que se ha repartido las diligencias por juzgados de Instrucción de toda Andalucía. El magistrado mantiene el caso bajo secreto de sumario, sin que por el momento se hayan practicado detenciones ni se haya imputado a ninguna persona por este caso. Las fuentes consultadas explicaron que, a la espera de que tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción estudien las pesquisas realizadas hasta ahora, por ahora la Policía no ha señalado a ningún responsable de la Junta de Andalucía, que más bien sería la perjudicada en este caso. De hecho, el fraude se ha producido por «falta de control» en la justificación de los gastos. Cuestión distinta seria que una vez que avance la investigación se determine que tras esta «dejadez» exista algún tipo de responsabilidad penal, porque, por ejemplo, se beneficiara a ciertas empresa de forma consciente. Extremo que no se plantea en las diligencias policiales practicadas hasta el día de hoy. Esto implica, según las fuentes consultadas, que lo más probable es que se acabe abriendo una causa distinta por cada una de las empresas investigadas, ya que se trataría de un fraude cometido por separado, sin conexión aparente entre una y otra empresa. Además, otro extremo que hay que perfilar aún, es que en algunas casos no se podría estar hablando de la existencia de un delito, pues la cantidad no justificada no supera los 120.000 euros que la Ley estipula para que sea considerado un delito de fraude en subvenciones. Una vez realizada esta criba la investigación se podría reducir a la mitad de las empresas o más, pues hay casos en los que el dinero defraudado ronda los 24.000 euros y los 40.000 euros, lo que entonces supondría una infracción administrativa. Otras, en cambio, superan los 200.000 e incluso los 300.000 euros, casos en los que sí se consideraría delito. Esta investigación ha destapado un fraude millonario en toda Andalucía, hasta el punto de que la Policía cree que se crearon empresas que se dedicaban «a la caza de subvenciones», muchas de las cuales carecían de experiencia, eran insolventes y luego no ofrecían los contratos de trabajo prometidos a los desempleados.
