El consejero de Educación riojano, Luis Alegre, informó de que el Gobierno regional permitirá a un total de 33 alumnos no cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía el próximo curso, mientras los padres esperan una respuesta judicial a su petición, algo que hasta ahora sólo ha ocurrido en un caso.
No obstante, desde el Gobierno advierten también que la Justicia tiene la última palabra y -salvo en el único caso en que ya existe fallo judicial- puede obligar a los estudiantes a evaluarse de la materia.
El consejero riojano de Educación informó de esta medida en una rueda de prensa en la que indicó que la Consejería ha recibido hasta hoy 142 solicitudes de objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía, de 70 familias.
De ellas, 24 están en vía administrativa, 8 han recibido ya autos judiciales de suspensión cautelar y sólo una se ha reconocido por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).
Son estos 33 últimos alumnos los que no estarán obligados a asistir a las clases, y serán atendidos por profesores del centro realizando actividades que no adelanten contenidos de otras materias.
El consejero explicó que ha tomado esta decisión de adelantarse a la respuesta judicial para conseguir un funcionamiento ordenado de los centros educativos, pero advierte a los padres de que la Consejería no puede tomar ninguna decisión sobre la obligación o no de cursar la asignatura, y de que serán los tribunales los que decidirán si finalmente los niños deben incorporarse o no.
