El Tribunal de la Unión Europea tomó una decisión sin precedentes que limita las acciones sindicales en la UE contra el dumping social, es decir, la contratación de mano de obra barata de países donde ésta es baja en detrimento de otros.
La decisión, relativa al litigio entre la empresa letona Laval y los sindicatos suecos de la construcción, concluye que estos actuaron de manera ilegal al bloquear las obras que la citada sociedad estaba llevando a cabo en una escuela con trabajadores letones desplazados a quienes pagaba un salario inferior al sueco.
Debido a la interrupción de las obras durante un tiempo, la empresa letona fue declarada en quiebra y los trabajadores desplazados regresaron a Letonia.
La sentencia ha caído como un jarro de agua fría sobre los sindicatos europeos, que se han declarado "sorprendidos" por una decisión que no esperaban y "decepcionados" por su posible impacto negativo respecto a los sistemas laborales de la UE.
El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, indicó que el fallo cuestiona el modelo sueco de negociación colectiva, que sin embargo "es junto con Dinamarca un ejemplo en el área laboral".
El representante de los sindicatos europeos subrayó que la interpretación del Tribunal contradice los mensajes de "flexiseguridad" que promociona Bruselas y advirtió de que puede tener consecuencias negativas para otros países "por la estrecha interpretación que hace de la Directiva sobre trabajadores desplazados". "Además, puede tener implicaciones para la capacidad de los sindicatos de promover el trato igualitario y la protección de los trabajadores con independencia de su nacionalidad", alertó Monks.
El Tribunal consideró excesivas las medidas adoptadas para obligar a la empresa a "negociar por tiempo indeterminado" el sueldo de los trabajadores letones, al no prever la legislación sueca un salario mínimo. Para los jueces, las condiciones "pueden hacer menos interesante, incluso más difícil para dichas empresas la ejecución de obras de construcción en el territorio sueco y constituyen una restricción a la libre prestación de servicios".
Los jueces europeos ya habían reconocido el derecho de los sindicatos a emprender acciones contra el dumping social en otro caso similar sobre el que sentenciaron la pasada semana y en el que, a diferencia de ayer, respaldaron a los sindicatos.
