Con el fin de evitar nuevas crisis agrícolas y ganaderas -como la del sector lácteo- a causa de la volatilidad de los precios, Bruselas quiere reforzar las ayudas para los mercados. Así, los ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobaron ayer propuestas para propiciar un reparto más justo de los beneficios por los precios de los alimentos y evitar prácticas abusivas en los contratos entre productores, industria y distribución.
Así, el Consejo de Ministros ratificó por mayoría un documento de la Presidencia española de turno de la UE, con ideas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que los agricultores y los productores son considerados los eslabones más débiles.
El documento incluye iniciativas "a largo plazo" para lograr que el funcionamiento de la cadena alimentaria sea "más eficiente", según declaró el consejero de Agricultura del Gobierno Autónomo de Cataluña, Joaquim Llena, que este semestre representa a las comunidades autónomas en el Consejo de la UE.
El texto fue apoyado por todos los países, excepto por el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y la República Checa, por cuestiones relacionadas con las posibles excepciones de los productos agrícolas a las reglas de la competencia.
Entre las propuestas acordadas, los ministros pactaron poner en marcha "controles más estrictos" para combatir prácticas desleales como las ventas a pérdidas o la tardanza en los pagos en las operaciones comerciales.
Por otra parte, la UE convino impulsar una "autorregulación de los contratos" entre agricultores y las industrias, así como la adopción de un código de buenas prácticas.
En este sentido, los ministros pidieron a Bruselas que prepare modelos estandarizados de contratos que luego podrán utilizarse en cada país de manera voluntaria u obligatoria.
El Consejo también apoyó promover las interprofesionales y crear un "Foro europeo permanente" para debatir sobre la cadena alimentaria.
La parte más compleja en este sentido es la que habla de la posibilidad de reformar las reglas de la competencia para que sean más acordes con la Política Agrícola Común (PAC) y haya unos criterios especiales en el caso de los productos agroalimentarios, por ser perecederos.
Este punto suscitó el rechazo de los cuatro países que no apoyaron las conclusiones.
Llena manifestó que el acuerdo establece medidas a medio o largo plazo y que la situación de crisis actual requiere respuestas "más rápidas" porque la reacción de la UE es demasiado "lenta".
El consejero apuntó que Cataluña ya está poniendo en marcha actuaciones como las mencionadas ayer en el Consejo, como un observatorio de precios, el código de buenas prácticas o los contratos-tipo.
