Margarita, Manuel y María Concepción muestran las cartas de Emvisesa que han recibido en sus domicilios.
A Manuel González la vida le ha deparado muchos palos de golpe. Tras una vida tranquila al abrigo de un trabajo en Casa Robles, sus últimos años han sido una pesadilla: lo abandonó todo para cuidar de su mujer, enferma de alzheimer, hasta que la dejó el día de Navidad de 2009; después perdió a su hijo, que era su sostén económico. Ahora espera nervioso el 6 de noviembre, día en el que está citado en el Juzgado de Instrucción 3, donde está en juego su casa Manuel es el primero de los noventa que han sido señalados por Emvisesa a través del correo postal. Unas cartas que indican que no están al día en sus rentas y que, de no saldar tal deuda en el plazo de 15 días, Emvisesa "procederá a dar por resuelto el contrato de arrendamiento, instando judicialmente dicha resolución a efectos de recuperar la finca". Es decir, procederá al desahucio.
Su deuda con la empresa municipal de la vivienda supera los 2.000 euros. ¿Y cómo se puede llegar a deber tal cantidad de dinero? Lo explica en parte una paga mensual de 500 euros a la que, si se le resta la luz, el agua, la comunidad y la renta, "apenas deja cien euros para comer". Al final, ocurre la teoría esgrimida por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, para justificar el alto índice de morosidad: "Si la gente tiene que elegir, paga antes el agua y la comida que los impuestos". Lo mismo pasa con la vivienda, aunque esté en juego por los impagos.
Manuel, que asegura que no le han remitido "ni un sólo aviso antes de la amenaza de desahucio", se encuentra en una situación límite, hasta afirmar que si deciden echarle de su casa, es capaz de "coger un cuchillo y hacer una locura". Lo dijo ayer, antes incluso de saber que un hombre de Granada en su misma situación se suicidara antes de ser desahuciado. Los responsables de la Asociación de Voluntarias Activas de Sevilla le han frenando ese ímpetu y le han recomendado que, para empezar, traslade un escrito a Emvisesa para solicitar un cambio de vivienda por una más reducida, ya que la actual estaba adaptada para las necesidades de su mujer -soporta una renta mucho más elevada-.
El presidente de la asociación, Antonio Muñoz, señala que de las 90 familias afectadas, son "cerca de una veintena" las que no disponen de recursos económicos suficientes como para hacer frente a los impagos de estas viviendas de alquiler con opción a compra. "Es triste ver como Emvisesa pasa de ser una entidad con una causa social a ser una empresa que sólo quiere ser rentable", recrimina, no sin antes acusar a Urbanismo y Emvisesa "de reclamar deudas cuando deben pagos de la intercomunidad de sus locales de San Jerónimo". Y es que, dentro de los vecinos -que ayer se movilizaron por primera vez y que ya tienen el respaldo de IU, el movimiento 15-M, el PSOE y Facua- reside un enorme malestar, ante el traslado de cartas que, según Muñoz, "rozan el absurdo, como amenazar con romper el contrato de la vivienda por 179 euros de deuda". Con esa espada de Damocles sobre su cabeza está María Concepción Gómez, que adeuda tres meses.
La carta le llegó el viernes 5 de octubre y el lunes se plantó en Emvisesa, donde pactó unas condiciones "difíciles de cumplir": pagar 88 euros mensuales más la renta correspondiente. Y todo con una paga exigua y lo obtenido en una rifa semanal con la que logra "gracias a los vecinos 50 euros, ya que los otros 50 euros es para adquirir el premio". Pese a esos obstáculos, ha podido abonar ya 400 euros este mes: la mitad de su bolsillo y la otra mitad de su hijo, que vive con ella, que ha aportado casi la mitad del dinero percibido por el Plan Prepara. "Ni por esas me aseguran que no me llevarán a los juzgados", lamenta María Concepción, que sólo sabrá si estará en proceso de desahucio "si la caja de Emvisesa no acepta el dinero". También ha pagado lo que ha podido -dos meses de alquiler- Margarita Lancha. Cerró su tienda de deporte, ahogada, según explicó, por las deudas de clubes que no puede usar como aval. Además, "está impedida" para trabajar, algo "que estaría encantada de hacer".
Nada más recibir la carta de Emvisesa, acudió para explicarles que su marido comenzó a trabajar de forma intermitente, aunque la inquietud no se disipa.También está María Luisa García, a la que exigen mil euros. Una deuda que no puede asumir porque ni tiene dinero para la comida. Su problema está a la espera de resolución judicial por un accidente, donde espera recibir 15.000 euros de indemnización. Es su aval, pero no es una garantía para seguir viviendo en su hogar.
