Si la ministra de Economía y vicepresidenta Salgado tuviera encomendada la difícil misión de pilotar un barco, el esqueleto de la embarcación reposaría ya en el fondo del mar. Pero un ministerio y una economía nacional aguantan más que un barco; diríase que lo aguantan casi todo.
Ya lo advierte el viejo refrán marinero: orden más contraorden igual a desorden. La ministra de Zapatero -en realidad es el presidente quien dirige la política económica del Ejecutivo- debería estudiarse las sentencias marineras más juiciosas antes de que la economía comience a recuperarse y resplandezca el desgobierno.
Como ocurre para muchos negocios, agosto ha sido un mes que el Gobierno hubiera querido ver borrado del calendario, paranoias tácticas del espionaje de Estado aparte, que como se sabe las escuchas no son para el verano. Ha sido un mes malo porque ha brillado con luz propio el desconcierto del Gobierno.
Si la economía se alimenta de la confianza, y la confianza de la fiabilidad de las propuestas y acciones políticas, y ese conjunto de acciones exige un liderazgo claro, se colige que por el final comienza el principio del problema. No fueron pocos los economistas y expertos, muchos ellos de sesgo claramente liberal, que al comienzo de la deblace económica, allá por el final de 2007, predijeron que la economía se arreglaba sola. Incluso alguno fue más allá y elevó rogativas por la no intervención de los gobiernos. No hay que llegar a tanto, pero tenemos la obligación de preguntar a dónde vamos y a dónde nos quieren llevar. Un Gobierno no soporta durante mucho tiempo tanto zozobra y precariedad en su liderazgo.
Hagamos somero balance: relaciones rotas con la patronal -que tiene su importante parte de culpa en el fregado, por supuesto-; los sindicatos a punto de abandonar su incómoda posición de sostén social; rectificaciones varias, como el adelanto del listón para conceder los 420 euros de ayuda a los parados sin prestaciones al 1 de enero de 2009, sólo 24 horas después de que los responsables económicos del gobierno hubieran advertido de que no era posible incrementar esa partida sin poner en peligro las cuentas del Estado.
Hay más: el gran carajal impositivo. Del reino de los proscritos de Robin Hood de quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, a renunciar a gravar con más del 1% actual las SICAV, que como saben son un instrumento de inversión colectiva que sirve de refugio a las rentas más altas dada sus reducidísima presión fiscal, gracias por cierto a la legislación aprobada por el PP en 2003.
Más de medio millón de españoles invierte a través de este tipo de sociedades, que se someten a retenciones por distintos conceptos de hasta el 26% en otros países europeos. Ahora teme la ministra que ese capital se evada si se le somete a más quebranto fiscal. Aunque quizás sea el momento de preguntarse si no lo hace ya, camino de Luxemburgo o Liechtenstein.
Y ojo porque peor será si el concepto "rico" se refiere a las rentas de más de 50.000 euros: no sólo será castigar a las clases medias sino perder definitivamente el aprecio de la mayoría de ese caladero de votantes. Y no es posible seguir porque aún no sabemos qué bulle en la cabeza bífida de Zapatero-Salgado. Tras descartar el presidente la subida del IRPF queda cuestionada la afirmación de su ministra respecto a que se revisarían todos los impuestos. Ése es el problema: ¿a dónde vamos, cómo, con quién?
A la vez, mientras el ruido nacional de cacerolas desordenadas nos invade, la economía parece emprender una senda más positiva, en efecto, al margen de las acciones gubernamentales. Las instituciones internacionales como la OCDE o el Banco Central Europeo se han pasado claramente al ecoptimismo. Han mejorado las previsiones de crecimiento para la eurozona al detectar el fortalecimiento de sus economías -Francia y Alemania ya salieron de la recesión en el segundo trimestre del año- y han vaticinado un crecimiento "gradual".
En cambio, para España, y también el informe de Funcas coincide, las perspectivas son menos halaguëñas. Se considera que será de los últimos países en salir del boquete con el riesgo inmobiliario como principal lastre. Del riesgo inmobiliario acumulado por los bancos, las empresas y los particulares no se puede culpar desde luego al Gobierno de Zapatero, pero a estas alturas le toca al Ejecutivo socialista trabajar con tino para desactivar esa amenza para la recuperación.
Precisamente, el BCE considera que "los efectos más fuertes de lo previsto" en algunos países de nuestro entorno son atribuibles a "los estímulos macroeconómicos aplicados por algunos gobiernos". En ese punto volvemos a toparnos con preguntas similares: "¿qué y cómo se está haciendo en España para que esos estímulos no coadyuven a abandonar la recesión?".
El problema en España y singularmente de Andalucía seguirá siendo el desempleo. No se vislumbra aún el horizonte en el que se creen puestos de trabajo en vez de destruirse. Tendrá que afinar mucho el Gobierno de Griñán para que la losa que presiona a la economía española apriete un poco menos en Andalucía, más necesitada de inversión, de aceleración y de creación de riqueza y empleo que otras.
Aunque como con lucidez escribió el pasado viernes en El País Juan Carlos Rodríguez Ibarra, regiones prósperas como Madrid y Barcelona, que siempre nos han señalado con el dedo a los andaluces, no se quejan ahora ni hacen discursos envenenados por ese nuevo PER que se ha sacado el gobierno de la manga para todos los españoles, como son los 8.000 millones de inversión extraordinaria para crear empleo en toda España. Un PER nacional.
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