Cobre Las Cruces está ante su "última oportunidad", ya que si falla el nuevo plan de extracción que ha presentado para evitar problemas como los recientes episodios de contaminación, se le revocará definitivamente la licencia. Eso sí, se confía en que todo esté bien "porque arriesga mucho".
La advertencia la hace la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a través de su comisario de Aguas, Javier Serrano, quien recuerda que la actividad de la mina está suspendida desde el pasado mes de mayo tras el episodio de contaminación detectado en el acuífero Niebla-Posada. Hace unas semanas la empresa presentó un nuevo sistema de trabajo para evitar estos problemas, un documento con el que la mina se juega directamente su futuro, ya que si el dictamen es negativo se le revocará la licencia.
"Si volvemos a parar la actividad en la mina ya sería una resolución de paralización definitiva", señala Serrano, entre otras cosas porque "la mina no resistiría un nuevo parón" desde el punto de vista económico. Llegado ese caso, "ya no haríamos una suspensión de la autorización, sino una revocación" permanente de la licencia.
En definitiva, que la mina está ante su "última oportunidad". "Tiene que haberlo hecho bien porque arriesga mucho", y es que Serrano subraya que si la Confederación no tiene la certeza absoluta de que el nuevo sistema de trabajo funciona "no lo vamos a autorizar". Bajo esta premisa, confía en que la firma minera haya hecho bien los deberes aunque sea por pura lógica: "Después de haber invertido 400 millones de euros, si tiene que invertir 50 ó 100 millones más para poder funcionar imagino que los invertirá antes de perder toda la inversión".
La revocación de la licencia no sólo llevaría aparejado el fin del negocio para Las Cruces, sino que el paso siguiente sería "ejecutar todos los avales que tiene puestos encima de la mesa y hacer la minería inversa", es decir, volver a rellenar el gran agujero abierto. Así las cosas, el comisario de Aguas no se anda por las ramas: "Por la cuenta que le trae a la mina, espero que haya planteado una cosa viable, si no?".
Porque la cuestión de los avales no es precisamente menor. Recientemente, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, cuantificó que las garantías presentadas por la mina ascienden a 78,8 millones de euros: 43,8 para las garantías medioambientales, cinco para cuestiones sociales y 30 millones por el seguro de responsabilidad civil.
A la espera. La decisión definitiva se conocerá en dos o tres meses, un plazo que la Confederación considera razonable para dar una respuesta, aunque el momento exacto tiene una importancia añadida: si es antes de que finalice el año la responsabilidad es del Gobierno central, pero a partir del 1 de enero la Junta de Andalucía asume las competencias del Guadalquivir y, por tanto, tendría que firmar la resolución.
Eso sí, Javier Serrano garantiza que no habrá zancadillas políticas. "No hay opción a pelea alguna porque estamos de la mano", sentido en el que resalta el "ejercicio de responsabilidad" de la Administración autonómica "a pesar de las implicaciones que el proyecto tiene desde el punto de vista económico y del empleo". Es más, recuerda que "nos apoyan y han respondido como nosotros: nosotros hemos suspendido la autorización y ellos han paralizado la mina".
Otra cosa son los ayuntamientos de los municipios (Gerena, Salteras y Guillena) que más se beneficiarán del empleo que se genere. "Los ayuntamientos están en su papel: a mí me toca proteger el acuífero y a otros el empleo", señala en este sentido, aunque subraya que los alcaldes siempre han dicho "que se abra la mina, pero que sea segura. Después de lo que ocurrió en Aznalcóllar, no hay nadie que quiera repetir el experimento de Boliden".
