Madrid n El pleno del Tribunal Constitucional (TC) justificó ayer la aceptación de la recusación del Gobierno contra dos de sus magistradores, de tendencia conservadora, por la "radicalidad" con la que éstos se manifestaron por escrito contra la ley que debían juzgar.
Contra esta ley (la LOTC, que debe regular el funcionamiento del propio TC) se expresaron en tales términos que se considera más que fundamentada la sospecha de una pérdida de imparcialidad objetiva. Así lo indica el Alto Tribunal en un auto que, con los votos particulares de Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, fue dado a conocer ayer tras decidir el miércoles por mayoría admitir la recusación planteada por el Gobierno, con lo que se ha apartado del recurso a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata.
Al quedar fuera de juego estos dos jueces, el TC recupera su mayoría progresista, ya que ahora abordarán el recurso del PP contra la LOTC ocho magistrados, de los que cinco son progresistas y tres conservadores, entre los que se encuentra el presidente en funciones del Alto Tribunal, que con su voto de calidad deshacía a favor de esta corriente cualquier empate. El tribunal lo integran también la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, que en el caso de la LOTC se han inhibido al verse afectados de lleno.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recusó el 19 de octubre a García-Calvo y a Rodríguez Zapata por considerarlos "contaminados" para resolver el recurso contra la LOTC, después de que en junio manifestaran en un escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de esta ley. En su escrito, los dos magistrados criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, adscrita a la considerada corriente progresista, cuya dimisión exigieron.
Para el pleno del TC, "la opinión manifestada en su escrito por los magistrados recusados reviste el tenor, la contundencia y la radicalidad necesarias para fundamentar una sospecha justificada de pérdida de imparcialidad objetiva". Además, recuerda que las opiniones fueron emitidas en un escrito firmado el 22 de junio de 2007 y presentado en la misma fecha ante la Secretaria de Justicia del Pleno para su entrega a la presidenta del tribunal.
Por tanto, señala, no se trata de "conversaciones entre magistrados del tribunal en el seno de la institución" sino que se trata de "la emisión de una opinión a través de un cauce formal, lo que revela el propósito de dar un contenido oficial a la discrepancia" expresada en el escrito que ambos firmaron.
El escrito fue difundido por diversos medios de comunicación y dio lugar, según lo solicitado por los firmantes, a la celebración de un pleno, que resolvió no tomarlo en consideración para no prejuzgar un posible recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOTC. El TC cree también que los recusados conocían entonces que era previsible que el grupo popular presentara un recurso de inconstitucionalidad.
