Los compradores de buena fe, como siempre los ha llamado el ayuntamiento, aquellos que adquirieron una vivienda sin saber que era ilegal, no tendrán que pagar compensaciones por la regularización de su casa. Serán los promotores los que asuman esa carga. El consistorio, gobernado por el PP, presentará en el próximo pleno municipal una moción para eximir de esta responsabilidad a los 16.500 propietarios a los que el nuevo plan general les regularizará sus pisos.
El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a los compradores ante la preocupación creciente de los colectivos vecinales. Serán los promotores los que soporten las compensaciones. Algunas se pagarán en dinero y otras en suelo. El ayuntamiento, que hace así un guiño a sus vecinos a un año de las elecciones, no tiene calculado todavía el precio de esas compensaciones, señalan fuentes del Gobierno local. En suelo equivale a 1,6 millones de metros cuadrados para uso público. Se abre ahora el periodo de la regularización de las viviendas con dos plazos: los promotores afectados tienen un año para ir "voluntariamente" al ayuntamiento -ya se han presentado 20, según Moro- a cumplir con sus responsabilidades. Los que no lo hagan, el consistorio podrá obligarles, a partir del siguiente año, a asumir las cargas.
Pero, ¿qué pasa si la promotora ha quebrado o es imposible localizarla? Las compensaciones recaerán en las administraciones, pero "no sólo en el Ayuntamiento de Marbella", aclaró el edil de Urbanismo. También explicó que las comunidades de vecinos ya pueden solicitar las licencias de primera ocupación de las viviendas sujetas a normalización, y que dichos permisos se otorgarán "a la mayor brevedad posible". La intención del consistorio es responder "este mismo año a todos los expedientes, que se tramitarán por orden de presentación". Lo que quiso dejar claro es que los propietarios podrán ejercer todos sus derechos: comprar y vender, tener hipotecas y contratar suministros.
Los que no podrán hacer nada de lo anterior son los dueños de las 1.500 viviendas que quedaron sin legalizar en el PGOU. Mil de ellas están deshabitadas y hay 500 más habitadas en tres promociones -la más numerosa es el Banana Beach-. El Gobierno de Ángeles Muñoz intentó hasta el último momento que todas las casas fueran legalizadas, pero la Junta se negó en rotundo -llegó a haber un pulso serio- porque alegaba que la legalización masiva provocaría una inseguridad jurídica insostenible.
Tanto la Junta como el ayuntamiento eran conscientes de que el PGOU sería impugnado. Ya se han presentado varios recursos de vecinos descontentos y también de Tomás Olivo, empresario acusado en el caso Malaya. El edil de Urbanismo quitó importancia a este hecho. "Están en su derecho", dijo.
