El terreno que la Junta de Andalucía iba a utilizar para erigir el gran parque industrial y tecnológico Las Aletas , en Puerto Real (Cádiz) abarcaba una parte de suelo protegida y otra privada. Sobre la primera, unas 287 hectáreas, acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo, ordenando paralizar las obras de uno de los más ambiciosos proyectos del Gobierno andaluz para generar empleo. Viola la Ley de Costas, alega. Sobre el resto del suelo se manifestaron ayer quienes en su día fueron los propietarios de esa tierra, antes de que la Junta la expropiase para construir el complejo. "Los expropiados exigen la inmediata devolución de los terrenos donde se ubica el polígono", dijo ayer José Moreno, portavoz de los pequeños propietarios, en declaraciones a la Cadena Ser.
El fallo del Supremo admite el daño ambiental a las marismas que causaría el proyecto de Las Aletas, y que fue denunciado por los ecologistas de WWF España. Estaba prevista la construcción de un puerto, pero los magistrados dicen que no está justificada debidamente la elección de ese espacio físico, dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. La superficie total de Las Aletas abarca 527 hectáreas, y el Supremo sólo ha tumbado los planes que tocan la zona protegida (algo más de la mitad). Sin embargo, con ese veto el proyecto del polígono no podría hacerse realidad por falta de superficie, de manera que el representante de los propietarios expropiados da por hecho que el fallo del Supremo ha imposibilitado llevar a término el complejo Las Aletas y pide a la Junta que les devuelva las parcelas que les quitaron. Si se niega, dice, están dispuestos a exigir una "consistente compensación económica tanto a la Junta como al Gobierno central". Los propietarios recibieron en su día importantes ofertas económicas por la propiedad de sus suelos, pero la expropiación les arrebató la posibilidad de hacer negocio y tuvieron que conformarse con la indemnización que les pagó la Junta.
Moreno recordó que en el mes de marzo la Junta ya recibió un varapalo del TSJA al anular el plan especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitaba el terreno donde iba a ubicarse el polígono industrial. Ya entonces los pequeños propietarios pidieron que se aclarara el caso, enfurecidos porque les habían quitado tierras en las que muchos tenían sus viviendas.
La sentencia del Supremo sobre Las Aletas también ha avivado el fuego cruzado entre el Gobierno regional y la oposición. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, calificó ayer el proyecto de "monumento a la incompetencia". "La Junta es incapaz de mejorar la gestión de los recursos públicos y cada día está siendo desautorizado por los tribunales", dijo ayer en Sevilla. Acto seguido, desde Cádiz, el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco González Cabaña, respondió que Arenas actúa en este asunto "como los buitres carroñeros". El primer partido de la oposición no tardó mucho en anunciar que se querellaría contra él por las descalificaciones e insultos vertidas contra su líder.
